El Ejecutivo acepta compartir la gestión de los aeropuertos con las comunidades autónomas

Una de las viejas aspiraciones de las comunidades autónomas en materia de infraestructuras está más cerca de realizarse, al menos en parte. Cada cierto tiempo, desde Cataluña, Euskadi y Galicia se alzan voces que reclaman la gestión de los aeropuertos de sus territorios respectivos. Se trata, aseguran, de implicarse en el control de unas instalaciones vitales para el desarrollo económico y social. Las comunidades se muestran dispuestas a asumir un papel relevante tanto en los aeródromos rentables como en los deficitarios. Consideran que una Administración más cercana mejorará los resultados y favorecerá la competencia.

Aunque el Gobierno socialista ya había mostrado su disposición a abrir un debate para encontrar un modelo satisfactorio, fue el 24 de junio cuando dejó constancia escrita. Lo hizo al contestar a una pregunta del diputado catalán Jordi Xuclà (CiU) sobre la modificación del actual modelo de gestión de los aeropuertos para incorporar en él a la Administración autonómica.

No hubo rodeos. "El criterio del Gobierno es dar participación a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, y a otras instituciones públicas o privadas para que aporten su cooperación en la gestión de los aeropuertos". Una intención que ha sido muy bien acogida, y que va acompañada de unas premisas tajantes: "Garantizar el funcionamiento en red de los aeropuertos y de la navegación aérea y su control, la autosuficiencia financiera del conjunto de las instalaciones y la atención global de todas las inversiones necesarias para hacer frente a la demanda", indica la respuesta parlamentaria.

Sin embargo, la solución definitiva no está perfilada, y fuentes del Ministerio de Fomento definen la respuesta del Gobierno como una declaración de intenciones "sin plazos, porque este cambio precisa un intenso estudio y un profundo debate". Uno de los modelos que puede que inspiren al Ejecutivo es el de la gestión de puertos, que establece la autonomía funcional y de gestión, y permite a la Administración autonómica designar los órganos de gobierno de las autoridades portuarias, aunque reserva al Estado un 20% de representación. También garantiza la presencia del sector privado y la libertad de tarifas.

Primer paso fundamental

Sería para el Gobierno catalán "una buena fórmula". Según el secretario general de Movilidad, Manel Nadal, "la gestión compartida sería un primer paso fundamental, que podría satisfacer en principio una aspiración bastante compartida por todas las comunidades". El problema actual, en su opinión, es que los gobiernos locales y autónomos están "invirtiendo en la promoción turística de nuevas líneas, nuevos vuelos... y el beneficio siempre es para AENA, la empresa pública que gestiona todos los aeropuertos del Estado". Desde el Ejecutivo catalán también se mira con agrado la apertura al sector privado "siempre que la titularidad siga siendo pública".

La propuesta del Gobierno tiene todos los parabienes de CiU. El diputado Jordi Xuclà considera que se ha dado un "giro copernicano" respecto a la actitud de los Gobiernos del PP. Para justificar sus reclamaciones en materia aeroportuaria, los nacionalistas apelan a experiencias, como la del aeropuerto de Girona: "Era un auténtico despilfarro. Gracias a un acuerdo entre las Cámaras de Comercio, la Generalitat y el sector turístico con una compañía aérea de bajo coste, conseguimos aumentar la rentabilidad y la competitividad. Y eso se puede hacer en todos los aeropuertos". "¿Ventajas económicas para los Gobiernos autónomos? Directamente, ninguna. Se trata de mejorar infraestructuras y gestión para mejorar el sector turístico, lo que al final redunda en beneficio de todos", remacha.

Desde su punto de vista, el nuevo marco de gestión "debería potenciar" la participación de los sectores económicos. Pero para ir dando forma a la idea habrá que esperar a septiembre. "Cuando se reanude el periodo de sesiones intentaremos que se concrete un poco más", asegura Xuclà. No esperarán tanto los representantes del Gobierno vasco. El consejero de Transportes y Obras Públicas, Álvaro Amann, abordará el asunto con la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, el 13 de julio. Los tres aeropuertos vascos acumulan pérdidas de cerca de seis millones de euros. Aún así, el Ejecutivo autónomo desea entrar en la gestión "porque es una infraestructura básica para el desarrollo".

En la etapa del Gobierno de José María Aznar, Manuel Fraga aparcó sus reivindicaciones sobre los aeropuertos gallegos, pero las reavivó con fuerza tras la derrota del PP en las urnas y, sobre todo, después de la visita de la ministra de Fomento a Galicia, a principios de junio. Desde la Xunta se indica que la gestión de proximidad sigue siendo una de sus prioridades.

Las comunidades autónomas no son las únicas con aspiraciones. A principios del pasado año, 36 municipios del área metropolitana de Barcelona, las principales organizaciones empresariales de la ciudad y los sindicatos volvieron a proponer una gestión autónoma del Prat, el segundo aeródromo español por número de viajeros.