Incógnitas de Kioto
Tras el borrador del Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de CO2, la próxima decisión del Gobierno es el reparto de derechos entre instalaciones, para la cuál se plantean dos criterios: emisiones históricas o emisiones esperadas. Creemos que hay argumentos para defender una asignación histórica de las emisiones. En primer lugar, Europa, y en particular, Portugal, son referencias a considerar. El regulador portugués ha establecido el reparto de las emisiones entre las centrales eléctricas con información histórica, siendo más generoso que el español, lo que afectará a la competitividad de las centrales españolas en el futuro mercado eléctrico ibérico.
Italia utiliza emisiones históricas complementadas por el estudio de futuros aumentos de potencia en las centrales existentes (repowering), sin considerar centrales en proyecto. Francia es el único país que ha optado por emisiones previstas, pero es un caso singular: sus centrales son básicamente nucleares, y no hay riesgo de agravios entre empresas en un sector dominado por el monopolio estatal EdF. El Gobierno francés utiliza las emisiones previstas para incrementar un 34% la media de emisiones de 1996-2002, frente a la reducción del 8% en España.
La asignación de derechos no debe entenderse como instrumento de planificación, sino para respetar la situación de las instalaciones
En segundo lugar, la asignación histórica cuenta con las ventajas de la objetividad y la neutralidad, aspectos críticos en una decisión que puede introducir distorsiones entre las entrales según su combustible. La asignación de derechos a centrales en proyecto introduciría incertidumbre sobre la fecha de entrada en funcionamiento y su producción. Con la asignación histórica no se altera la competitividad de las instalaciones existentes y todas las empresas decidirán sus inversiones futuras en las mismas condiciones. Otro criterio afectaría a la producción de centrales en determinadas ubicaciones geográficas: principalmente carbón importado en Andalucía, y carbón nacional en Asturias, Castilla y León y Galicia.
La asignación de derechos no debe entenderse como instrumento de planificación, sino como un mecanismo para respetar la situación de las instalaciones previa al comercio de emisiones. Si la rentabilidad de las nuevas inversiones es insuficiente, habrá que arbitrar mecanismos que materialicen el valor de la reserva de potencia.
Arturo Rojas y María Jesús Lago son profesores de la Escuela de Finanzas Aplicadas (Grupo Analistas).
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