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Editorial:

Justicia o venganza

Un juez de instrucción de Madrid ha impuesto una fianza de casi cinco millones de euros al presidente de Telefónica, César Alierta, su esposa y su sobrino, para cubrir las responsabilidades que pudieran derivarse de un caso de supuesta información privilegiada en la venta de unas acciones. Ya dijo en su día la Comisión Nacional del Mercado de Valores que no había caso, pero una querella posterior de una asociación de usuarios consiguió reabrirlo, por lo que la justicia debe determinar si hubo algo irregular en la venta de un paquete de acciones de Tabacalera, de la que Alierta fue presidente.

Sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, hay muchas cosas sorprendentes en esta historia. En primer lugar, la cuantía de la fianza, equivalente a la multa que podría caerles a los encausados en caso de condena, lo que según la defensa se puede considerar como una forma de imponer una condena anticipada. En segundo lugar, el enorme interés del juez Santiago Torres por llevar el caso, hasta el punto de que pidió el traslado desde un juzgado que trata de lo civil a otro que trata casos penales donde sabía que le esperaba el caso Alierta; y de que luego se ha aferrado a él ante las pretensiones de competencia de otro juzgado de instrucción y de la Audiencia Nacional, en una disputa que deberá resolver el Tribunal Supremo. En tercer lugar, la celeridad, fuera de norma, con que está actuando el juez Torres, interrogando a testigos y estableciendo fianzas, incumpliendo los procedimientos, en el momento en que debiera estar paralizada toda actuación por causa de las demandas de competencia de otros juzgados.

Para quienes hayan conocido casos como el del juez Gómez de Liaño contra Sogecable es difícil ahuyentar ahora el fantasma de la persecución judicial y del ajuste de cuentas de un antiguo y despechado asociado de Telefónica. De ahí que sea lógica la presentación de una denuncia de la defensa ante el Consejo General del Poder Judicial contra el juez Torres. En el caso Sogecable, el juez acabó expulsado de la carrera judicial por prevaricación; hoy es columnista habitual de El Mundo, diario que orquestó con él aquel procedimiento, y que hoy se afana tanto en las informaciones sobre el caso Alierta.

La primera noticia sobre los hechos ahora encausados fue publicada por dicho diario poco después de que su director fracasara en el intento de adquirir Onda Cero al grupo Telefónica. Unedisa, editora de dicho periódico, estableció unas estrechas relaciones con Telefónica durante la etapa de Juan Villalonga, el último presidente nombrado por Aznar antes de la total privatización de la compañía y, paradójicamente, víctima posterior del mismo periódico, que provocó su caída por el caso de las stock options. Y a la llegada de Alierta a la presidencia, Unedisa ha venido utilizando la información sobre el caso de Tabacalera como instrumento de presión y de venganza contra su antiguo socio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de julio de 2004