Los informes de los servicios secretos destacaron la escasa fiabilidad de aviones como el Yak-42

El informe del Instituto de Toxicología de Estambul, que constata errores de identificación en 22 de los 39 cadáveres que han sido cotejados hasta ahora con pruebas de ADN de sus familiares, ha hecho revivir el accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía). Pero este episodio, pese a su dramatismo, no es sino el epílogo de la cadena de fallos y negligencias que rodearon la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en las últimas décadas. La cuestión crucial sigue siendo por qué no se comprobó el estado de los aviones y se hizo caso omiso de las 14 quejas que elevaron los militares españoles, mientras que al Ejército noruego le bastó una sola denuncia para cancelar un contrato similar.

EL PAÍS revela hoy el contenido de sendos informes elaborados por el servicio secreto del Ejército de Tierra (CISET) y por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que evidencian las deficiencias de estos vuelos. El primer documento, clasificado como reservado, lleva fecha de 28 de abril de 2003, casi un mes antes del siniestro, e incluye entre sus conclusiones la siguiente aseveración: "Se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS. Su mantenimiento es como mínimo muy dudoso".

El segundo informe, clasificado como confidencial, fue redactado el 12 de junio de 2003, poco más de dos semanas después del accidente. "Ha podido corroborarse", afirma, "la percepción generalizada del sector aeronáutico de que existía una notable relajación de las normas de comportamiento de parte de los pilotos y tripulaciones de compañías de las antiguas repúblicas soviéticas, probablemente fruto del exceso de confianza y de la relativa ineficiencia y corrupción de algunas de sus Administraciones".

Más de un año después, el mal mantenimiento del Yak-42 ha quedado acreditado, pues no funcionaba la caja negra que debía grabar las conversaciones de la cabina, mientras que el incumplimiento de las normas por parte de la tripulación, especialmente en lo referido a los periodos de descanso, aparece como uno de los factores desencadenantes de la catástrofe.

Las apreciaciones contenidas en los dos informes de los servicios secretos contrastan con la defensa pública que el entonces ministro Federico Trillo-Figueroa hizo después del accidente de las condiciones del avión y de sus pilotos.

En la abundante documentación remitida al Congreso sólo se incluía un fragmento del informe del CISET, de cuya existencia ya dio cuenta EL PAÍS en febrero pasado, aunque ahora aporta sus párrafos más significativos. El valor de este informe radica en que es el más contundente de cuantos alertaban del riesgo de accidente antes de que éste se produjera.

El documento del CNI, que se reproduce íntegramente en la página siguiente, era hasta ahora desconocido, pues no se informó de su existencia al Parlamento. Aunque posterior al siniestro, ilumina algunos aspectos clave de la investigación.