El Gobierno foral intenta que el Supremo avale su política lingüística

El Gobierno navarro confía en que prosperen los recursos de casación que ya ha interpuesto ante el Tribunal Supremo contra cinco sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que acaban de anular destacados aspectos del decreto foral aprobado el año pasado para limitar la presencia del euskera en la Administración pública.

Ni el Ejecutivo foral ni las entidades que recurrieron el decreto (el sindicato ELA, Kontseilua, la Mancomunidad de Malerreka y los ayuntamientos de Isaba y Pueyo) se han mostrado satisfechos con los fallos de los seis magistrados, fechados el 20 de mayo, que los recurrentes no conocen aún oficialmente. Ha sido el propio Gobierno del regionalista Miguel Sanz el que informó de las sentencias en la noche del viernes.

La sensación agridulce de ambas partes se mezcla con la incertidumbre de no saber con seguridad si el Gobierno foral se verá obligado a reformar aspectos sustanciales de su actual normativa lingüística o si sus recursos, presentados el mismo viernes, serán admitidos por el Supremo, máxime ante la proliferación de votos particulares discrepantes emitidos por algunos de los jueces.

Las cinco sentencias avalan la legalidad de buena parte del decreto foral 29/2003 y subrayan la obligación de los ayuntamientos de la zona lingüística mixta de Navarra, Pamplona entre ellos, de adecuar sus ordenanzas al decreto, que establece como exclusivo el uso del castellano en papelería, rotulación, publicidad, avisos, publicaciones y anuncios. Sin embargo, establecen que las notificaciones que la Administración haga llegar a los ciudadanos de la zona vascófona deben ser bilingües y que el hecho de haber accedido a la función pública en un puesto en que fuese preceptivo el conocimiento del euskera no impide optar después a otras plazas en que ese idioma no sea preceptivo.

Valoración del idioma

Otro aspecto nuclear del decreto que los jueces anulan es el apartado que limitaba la valoración del euskera en las oposiciones de la zona vascófona a ser un 10% superior a la otorgada por conocer el inglés, francés o alemán, porcentaje que se reducía al 5% en la zona mixta. La Sala interpreta que ello supone "desdibujar" el carácter de lengua oficial que el euskera tiene en la zona vascófona y su consideración legal de "lengua propia de Navarra".

Estos fallos resuelven los cinco primeros recursos sobre un total de 40 presentados contra la vigente normativa. Dos de los jueces, uno de ellos el propio presidente de la Sala, Joaquín Miqueleiz, han redactado votos particulares contra la anulación de uno de los artículos. Ambos magistrados consideran que garantizar a los ciudadanos de la zona vascófona la recepción bilingüe de las demandas formuladas a la Administración (al margen de dónde se ubique ésta) les crea un derecho que la ley del Vascuence de 1986 no les reconoció.

Otro magistrado, Juan Alberto Fernández, pide en su voto particular la anulación de casi todos los artículos del decreto al considerar que "establecen restricciones al uso del euskera, especialmente en la llamada zona mixta, que, lejos de acomodarse al marco legal vigente, tienden a reducir o reducen efectivamente las posibilidades que el mismo ofrece" para cumplir los objetivos definidos como esenciales en la ley foral del Vascuence.

[Nueve de los doce miembros de la comisión de planificación lingüística de la Universidad Pública de Navarra han denunciado "presiones políticas" para evitar que se implanten más estudios en euskera el próximo curso. El 26% de los preinscritos para estudiar en el centro, con casi 10.000 alumnos, proceden del modelo de enseñanza en lengua vasca y de ikastolas y han señalado su deseo de seguir estudiando en euskera].