¿México lindo?

Mi hijo derribó a quien lo tenía apuntado, la pistola del delincuente cayó lejos, pero el otro maldito vino por atrás con otra y le mató en el acto". Su madre, Raquel Gulias, lo recuerda vívidamente. El asesinato de Jaime Méndez Gulias, de 27 años, administrador de hotel, mexicano-español, ocurrió al atardecer del día 25 de noviembre del año 2001, después de que hubiera jugado un partido de fútbol en el Centro Gallego. Jaime esperaba en un coche, acompañado por su compañero de trabajo Benjamín, a que un semáforo del cinturón periférico de Ciudad de México se pusiera en verde. "Dos individuos, uno a cada lado, les apuntaron con pistolas. Abrieron las puertas del coche y les dijeron: '¡Pásense para atrás, esto es un secuestro!".

Apenas se denuncia el 20% de los secuestros. Estadísticas del año 2001 indican que quedaron sin ejecutar 250.000 órdenes de detención

Los hermanos Gutiérrez Moreno, ingenieros de origen cántabro, de 27 y 26 años, aparecieron con un tiro en la cabeza, el 24 de mayo, en un basurero

Benjamín se movió para pasar a la parte de atrás del vehículo, un utilitario del montón, pero Jaime, no: derribó a quien le apuntaba y le costó la vida. "No sé qué le pasó a mi hijo en ese momento". Lo que le pasó fue que reaccionó con la temeraria valentía de un joven decente.

El asesinato, el pasado mes de mayo, de los hermanos Vicente y Sebastián Gutiérrez Moreno, ingenieros de origen cántabro, de 27 y 26 años, después de que su familia hubiera pagado medio millón de dólares de rescate, colmó la paciencia de la ciudadanía. Apoyada por 80 organizaciones, desde empresariales y civiles, se manifestará hoy en Ciudad de México contra el secuestro y la impunidad.

José Manuel Mazón, Pedro Ferro Janeiro y Rafael Ruiz Mijares, con doble nacionalidad, fueron asesinados en los últimos tres meses. Los dos primeros cuando intentaron evitar su secuestro, y el tercero, de 62 años, durante un cautiverio de 40 días. Los hermanos Gutiérrez Moreno, con derecho a la nacionalidad española, aparecieron con un tiro en la cabeza, el 24 de mayo, en un basurero. Las declaraciones a la prensa de la embajadora española, Cristina Barrios, instando a la colonia a extremar las precauciones, disgustaron a las autoridades mexicanas, que le aconsejaron a "utilizar los canales diplomáticos" para exponer sus preocupaciones. El ministro de Exteriores, Luis Ernesto Derbez, telefoneó a su homólogo Miguel Ángel Moratinos para que la instruyera en ese sentido. "Cristina Barrios no quiere entrar en polémica, pero fue muy prudente en lo que dijo. Lo que ocurre es que las sensibilidades de todo tipo están a flor de piel", dijeron las fuentes consultadas.

La diplomática española no hizo sino referirse a una realidad que agobia a los mexicanos, acechados por un hampa que filma las mutilaciones y torturas de sus víctimas para apremiar el pago de rescate. México, concretamente su capital y algunos Estados, exhibió el mayor número de secuestros del mundo en el año 2003, cerca de 3.000, después de Colombia, según el cálculo de varias empresas de seguridad. Oficialmente se reconocen 532.

Empresas de protección

No sorprende, por tanto, que proliferen las empresas de protección: 5.140 según el Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada. Fuentes oficiales subrayan que las autorizadas no llegan a 300. El objetivo es evitar ser secuestrado porque la liberación no es fácil. Los negociadores privados llegan a cobrar hasta el 20% del rescate. Y algunos de los policías que investigaron en serio fueron, a su vez, asesinados, entre ellos el comandante Juan Fernández Jiménez, encargado de perseguir a los asesinos de los hermanos Gutiérrez. Pero la tragedia de los deudos no termina en el velorio. Los padres de los hermanos fueron asaltados cuando acudían a sus funerales, y Raquel Gulias, de 48 años, padeció un calvario compartido por la mayoría de los parientes de los 160 mexicanos secuestrados y asesinados en los últimos tres años: el desconsuelo de la impunidad.

"La investigación fue terrorífica. Porque no hubo ayuda de ningún lado. Fue una cosa burocrática totalmente. Un comandante de la policía judicial del Distrito Federal me dijo que tenía mucho trabajo, que no podían volcarse en un solo caso y que hallar a los culpables era como buscar una aguja en un pajar", recuerda Raquel, empleada en la Universidad de Puebla. Su relato es el de otros. El funcionario supuestamente encargado de esclarecer el asesinato de Jaime Méndez rizó el rizo de la crueldad al comunicar a su madre que si quería "coadyuvar", pues que muy bien, que adelante. "¿Y qué es coadyuvar?", preguntó la madre.

"Era que yo buscara al asesino. Fíjese, que lo buscara yo misma". De haberse topado con el criminal, se hubiera lanzado a la yugular, pero, además, cómo iba a meterse a buscar al homicida de su hijo en el distrito capitalino de Iztapalapa, "que es un nido de asesinos, de ladrones y malvivientes". Quebrada emocionalmente, hasta pensó hacerlo: dejar el trabajo y mezclarse con la delincuencia de la barriada y poner la oreja. Al principio había confiado en la policía. De nada sirvió. El caso quedó cerrado por "falta de pistas". Nadie encontró a los asesinos de Jaime, que cumplió el servicio militar en Astorga y descansa en el cementerio de San Justo de Avión, en Ourense, junto a su abuelo.

Por todo eso, apenas se denuncia el 20% de los secuestros. Estadísticas del año 2001 indican que quedaron sin ejecutar 250.000 órdenes de detención. Raquel, nacida en Uruguay, de padres españoles emigrantes, con su hija Carmen, de 23 años, viviendo en España, trabaja en Puebla y tenía que viajar frecuentemente a la capital para interesarse por el caso de Jaime. Propuso a la policía judicial comunicarse por el correo de Internet. "Pero no tenía ni Internet, ni juego de huellas para cotejar". También les propuso recurrir a los archivos del Ifer (Instituto Federal Electoral), pero nada. Ofreció el retrato hablado de los asesinos, pero todo eran pegas. "El caso era no investigar. Al día de hoy todavía no han reconstruido los hechos. Resumiendo: no hubo investigación".

Policías corruptos

Raquel Gulias vivió muchos años en el Distrito Federal, regido por la alcaldía de Ciudad de México, y frecuentaba la colonia gallega. "Aquello era entrar a asaltar y matar o lesionar. El maleante sabe que en la colonia española (80.000 personas en los registros del consulado español) hay dinero, que es próspera". Los secuestradores, distribuidos en decenas de bandas, eligen a quien tiene dinero: mexicano, español, mexicano-español, japonés o marciano. Y manejan información precisa porque, frecuentemente, trabajan con policías corruptos. El 4% de los secuestradores detenidos desde el año 2001 lo era, según un informe de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía General). Un total de 3.927 fueron sancionados en los últimos años por complicidad con el delito.