El Poder Judicial rechaza por diez votos a nueve el anteproyecto del Gobierno

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer el informe desfavorable a la ley orgánica integral contra la violencia sobre la mujer por un voto: diez a favor del texto elaborado por el conservador José Luis Requero y nueve en contra. La mayoría insistió en que no es jurídicamente correcta una ley integral que regule exclusivamente la violencia sobre la mujer, mientras que la minoría, además de reprochar las descalificaciones que contiene el informe, defiende que la futura ley incluya medidas de protección a la mujer. El Gobierno tiene previsto remitir hoy el proyecto de ley a las Cortes.

En ausencia del presidente del CGPJ, Francisco José Hernando -en viaje oficial-, y al no haberse cubierto la vacante del vocal progresista José Antonio Alonso -actual ministro del Interior-, los 21 consejeros del órgano de gobierno de los jueces quedaron reducidos a 19 para el pleno de ayer.

De ellos, los 10 vocales propuestos por el PP votaron a favor del informe elaborado por uno de ellos, Requero. El resto, integrado por seis consejeros propuestos por el PSOE -el vicepresidente Fernando Salinas y cinco vocales-; uno designado a iniciativa de IU; otro a propuesta de CiU, y otro por consenso del PP y del PSOE, votó en contra. Ocho de estos nueve formularon votos particulares.

El portavoz, Enrique López, uno de los vocales propuestos por el PP, explicó que "esta ley no es mala por lo que incluye, sino por lo que excluye", en referencia a que quedan fuera de su protección especial los niños, los ancianos y los hombres sujetos a dominación, así como las mujeres que sean maltratadas o dominadas por otras mujeres.

En nombre de la mayoría a la que pertenece, López, portavoz de todo el CGPJ, aseguró que la mujer no va a obtener mayor protección porque la ley se dedique sólo a ella, ya que su seguridad no tendría por qué ser menor porque la regulación legal ampliara su ámbito de protección a todas las víctimas de dominación o de violencia doméstica.

El informe del CGPJ critica que los juzgados especializados que crea la futura ley sólo conocerán de los asuntos de violencia contra las mujeres, por lo que otras víctimas de malos tratos como menores, ancianos, o incluso hombres, tendrán que acudir en demanda de protección a órganos judiciales "ordinarios".

Ocho de los nueve consejeros contrarios a la aprobación del informe reprocharon que el texto elaborado por Requero "descalifique globalmente y en términos cuasi peyorativos y tendenciosos el anteproyecto de ley".

Por el contrario, dichos vocales valoran positivamente la regulación del grave problema de la protección especial que necesitan las mujeres víctimas de violencia ejercida como instrumento de desigualdad y de mantenimiento de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Los mencionados consejeros de la minoría recuerdan que el problema afecta en más del 90% de los casos "exclusivamente a las mujeres", por lo que son procedentes todo tipo de medidas, sociales, educativas, de sensibilización ciudadana y "de llegar a ser necesario, medidas penales, articulando también medios orgánicos y procesales, como la especialización en el ámbito judicial y fiscal, para poder otorgar de inmediato la tutela judicial efectiva a las víctimas".

Los ocho vocales valoran también positivamente las medidas "de acción o discriminación positiva a favor de las mujeres víctimas, en desarrollo exigible del principio constitucional que obliga a todos los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Uno de los ocho vocales de la minoría, Alfons López Tena, propuesto por CiU, emite un voto particular al informe de la mayoría que avala uno de los aspectos más polémicos de la futura ley: las reformas penales.

López Tena recuerda que los delitos de genocidio o terrorismo "penalizan los mismos hechos (homicidio, lesiones, violación, etc.) con mayor gravedad que si los cometen personas sin incurrir en terrorismo o genocidio, definidos por la intención del delincuente".

De ahí que justifique que la ley integral agrave la pena de las amenazas y las coacciones leves cuando las ejerce un hombre contra su pareja femenina con la intención de mantener las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ya que "suelen ser el principio de una cadena de agresiones y violencia que llegan a culminar en el asesinato de la mujer, lo que justifica un tratamiento agravado".