Una firma papelera, sancionada con la mayor multa por vertidos ilegales

La Consejería de Medio Ambiente ha abierto expediente sancionador contra la empresa Papelera del Centro, SA, por realizar vertidos ilegales en un colector del Canal de Isabel II en Navalcarnero. La multa, la mayor impuesta hasta ahora por el Gobierno regional por vertidos ilegales, asciende a 700.000 euros. 150.000 corresponden a la multa propiamente dicha, y 542.000 más en concepto de indemnización.

Ayer por la tarde, en la empresa Papelera del Centro, situada en el kilómetro 25 de la carretera de Extremadura, en Navalcarnero, la noticia caía como una bomba. El Consejo de Gobierno de la Comunidad decidía por la mañana ratificar la imposición a esta compañía de la mayor multa por infracción de la ley 10/1993 sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento. En total, Papelera del Centro tendrá que pagar 700.000 euros por verter sulfatos a un colector gestionado por el Canal de Isabel II.

Antonio Cordomí, jefe industrial de la empresa, manifestó ayer a EL PAÍS que era "la primera noticia" que recibía sobre la resolución de la multa. El técnico aseguró que hace dos años comenzó el expediente sancionador contra su empresa, pero que fue recurrido por sus abogados "al pensar que no había motivos para tal sanción". Medio Ambiente cree que sí, y le exigirá a la empresa el pago de una multa de 150.000 euros y 542.451 euros en concepto de indemnización por los daños causados por los sulfatos en el colector.

Según las mediciones realizadas por los técnicos de la consejería, la producción de carboncillo estucado que lleva a cabo la empresa producía una alta concentración de sulfatos en sus vertidos al colector. Está prohibida la eliminación de esta sustancia al sistema integral de saneamiento por sus efectos corrosivos.

Según estos análisis, los daños se han valorado en 542.451 euros, puesto que el 73,4% del vertido iba directamente al colector afectado. Según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que dirige Mariano Zabía, estos daños supusieron que se tuviera que reponer la infraestructura con mayor antelación. Se optó por la sustitución del colector, afectado en un 100% por el vertido, y no por su reparación, por la "recurrencia de hundimientos del terreno en esa zona y porque se considera que una vez comenzada la corrosión, el riesgo de hundimientos y corrimientos de tierra es evidente".

Papel reciclado

El vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, señaló que la empresa multada es una "importante fábrica de papel reciclado" y subrayó que sus responsables ya han "implantado un nuevo proceso de eliminación de efluentes, que permite disminuir la carga contaminante".

Desde la empresa simplemente se asegura que cuando reciba "la comunicación oficial de la resolución del expediente sancionador se dará traslado a los abogados de la empresa para que lo analicen y posteriormente se hará algún tipo de declaración". Lo que sí quiere dejar muy claro Papelera Central es que el vertido no se hacía al río Guadarrama, sino a la depuradora de la mancomunidad de Navalcarnero, a la que también vierten sus residuos la prisión y el propio pueblo de Navalcarnero.

En el año 2003, la Consejería de Medio Ambiente resolvió 3.686 expedientes sancionadores; de ellos 93 fueron por faltas muy graves, 1.093 por graves, 1.460 por faltas leves, 700 fueron trasladados a otros organismos competentes y el resto fueron sobreseídos. La consejería recaudó por estas sanciones un total de 2,7 millones de euros.

Medio Ambiente impuso su primera gran multa, desde que Esperanza Aguirre es presidenta de la Comunidad de Madrid, el pasado mes de abril. Entonces, la consejería sancionó con 354.000 euros a una gravera situada en Aranjuez que, entre otros delitos, incumplió los preceptos de la declaración de impacto ambiental en su actividad comercial.

Con anterioridad, la Consejería de Medio Ambiente abrió expediente sancionador en abril de 2002, con una multa también de 700.000 euros, a Renfe por un incendio que el 20 de julio de 2000 arrasó 389 hectáreas de monte a lo largo de la vía férrea Madrid-Irún. Ésa era la multa más cuantiosa impuesta hasta el momento por dicho organismo, y se fundamentaba en la sospecha de que el incendio fue causado por las chispas que despedía el Talgo que cubría ese trayecto.

Renfe negó siempre que los siete focos de fuego que se detectaron entre Valdelatas, a la salida de Madrid, y Braojos, a 80 kilómetros de la capital, todos ellos a lo largo de la línea del ferrocarril no fueron provocados por una chispa. Sin embargo, la compañía fue obligada también a reforestar las 389 hectáreas del monte quemado.