Lo peor sería la confusión

Una de las peores cosas que se puede decir de un político es la máxima que se aplicaba a sí mismo Harry Truman: "Si no puedes convencerles, confúndeles". Esa sería la peor de las consecuencias posibles de la comisión de investigación sobre el 11-M: que nos deje a todos confusos.

Los 16 miembros de la comisión de investigación sobre el 11-M van a tener un trabajo muy complicado. Sobre todo porque no han sido designados por sus respectivos grupos en función de su especialidad profesional, sino de acuerdo con otros criterios políticos. Se supone que de ellos va a depender el interrogatorio de decenas de expertos en asuntos policiales y de terrorismo, pero la inmensa mayoría no tiene la menor experiencia ni conocimiento específico del tema. Muchos, cómo no, son abogados, pero sus especialidades van desde el derecho comunitario hasta el derecho de la propiedad, la asesoría empresarial o el derecho foral. Hay también un experto en emigración, un profesor y un cantautor, un doctor en gemología, un agitador cultural, un médico y dos economistas. Nada de esto les invalida para el trabajo en una comisión parlamentaria pero sí les exige que se apliquen con disciplina y constancia a intentar aclarar los hechos del suceso. Si recurren a las preguntas como un simple pretexto para lanzar la correspondiente soflama política, al estilo de lo que ocurre todas las semanas en las sesiones de control parlamentario, estaremos todos perdiendo el tiempo... y, si nos descuidamos, la cabeza y el sentido común.

Sería muy de desear que, en consideración a la gravedad de la amenaza que sigue existiendo, la comisión del 11-M se comportara con pulcritud y sus miembros realizaran un esfuerzo para analizar los informes, datos y declaraciones con desapasionamiento, olvidándose de planteamientos partidistas y buscando conclusiones útiles para la sociedad.

Sobre todo que recuerden que la comisión de investigación del 11-S, en Estados Unidos, no perdió ni un minuto en analizar las disparatadas teorías que circularon aquellos meses y que atribuyeron a una conspiración israelí la responsabilidad de saber que se iba a producir un atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono y no advertir a sus aliados norteamericanos. Un dicho británico dice que la mentira da media vuelta al mundo antes de que la verdad se haya puesto los pantalones. Pues lo mismo.

El atentado de los trenes de cercanías ocurrido en Madrid fue obra de islamistas radicales y fue demasiado terrible como para que nadie se permita enredar con conspiraciones absurdas y haciéndonos perder el tiempo respecto a lo auténticamente importante: saber si los servicios de inteligencia y policiales de este país hicieron mal su trabajo y, si es así, por qué cometieron semejantes errores. Eso es lo decisivo y lo grave.

Por la comisión del 11-M van a pasar, como mínimo, los quince o veinte expertos policiales y de información más importantes de este país. También acudirán, quizás, arabistas, analistas políticos, antropólogos y representantes de la comunidad musulmana en España, así como periodistas. Pero son protagonistas secundarios. El que de verdad puede ayudar a descubrir y analizar lo ocurrido es ese puñado de especialistas policiales. Su obligación no consiste únicamente en no mentir al Parlamento sino también en no permitir que se le confunda. Lo mismo cabe exigir al ex presidente del Gobierno José María Aznar cuya comparecencia, se diga lo que se diga, será absolutamente necesaria y que cometería un gran error si creyera que, por encima de los muertos y del peligro actual, de lo que se trata es de utilizar este foro para confundir, en lugar de para explicar o convencer.

Que nadie piense que esta comisión puede parecerse a la que se creó el verano pasado en el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Esto son palabras mayores y quien no se de cuenta de ello y no actúe con seriedad y eficacia estará destruyendo el prestigio del Congreso y poniéndose en ridículo. Los 16 miembros de la comisión tienen nombre y apellidos y si no son capaces de realizar este trabajo con sentido común y dándose cuenta del riesgo que todavía corre este país, merecerían que sus propios electores les reclamaran el acta. solg@elpais.es