Los inspectores denuncian la reorganización en la Hacienda vizcaína

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha pedido al Defensor del Pueblo que impugne la reestructuración de funciones abordada por la Hacienda foral de Vizcaya a raíz del descubrimiento por la Fiscalía Anticorrupción de un listado de un centenar de contribuyentes presuntamente protegidos por el ex jefe de la Inspección, Juan Ramón Ibarra. Como consecuencia de este caso, por el que se encuentran imputados Ibarra y otros tres funcionarios, la Diputación vizcaína, que gobierna el PNV, abordó una profunda reestructuración de su Hacienda.

Uno de los aspectos más destacados es la creación de una Secretaría de Coordinación y Asistencia Técnica (SCAT) que, entre otras funciones, asume de forma centralizada las relaciones con las demás haciendas, el ministerio fiscal, los jueces y las otras administraciones, así como tareas de "gestión y/o inspección" tributaria a cuatro grandes categorías de contribuyentes. Esta asignación ya creó un fuerte malestar en el seno del servicio de Inspección de la Hacienda vizcaína.

Los inspectores de la Hacienda del Estado consideran que crea "una clara situación de disfuncionalidad técnica en las relaciones" entre ambas haciendas, que puede llevar a bloquear las solicitudes de información fiscal sobre contribuyentes del territorio foral. Subrayan, asimismo, que la SCAT deja a "contribuyentes elegidos" fuera de la actuación de los servicios forales de Tributos e Inspección, lo que puede favorecer actuaciones arbitrarias.

A su juicio, la razón de la reestructuración no es tanto mejorar la eficacia como "multiplicar los filtros" en el intercambio de información entre las dos haciendas, imprescindible para luchar contra el fraude fiscal.