Un juzgado llama a declarar al ex presidente de Banesto por un presunto delito fiscal

El juzgado de instrucción número seis de Alcobendas (Madrid) ha citado a declarar el próximo 2 de julio como imputado por un presunto delito fiscal al vicepresidente del Santander Central Hispano (SCH) y ex presidente de Banesto Alfredo Sáenz. Así se refleja en una providencia notificada ayer por la juez Concepción Ramiro Bargueño, que investiga una presunta irregularidad tributaria cometida con las acciones (1% del capital de Banesto) que Alfredo Sáenz y otros 10 directivos recibieron en 1994 del SCH al hacerse cargo de la entidad.

Según las acusaciones, representadas por la Fiscalía Anticorrupción, por el abogado Rafael Pérez Escolar y por la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes, Sáenz y su equipo no declararon en el IRPF las acciones a Hacienda en el plazo debido y como "retribución en especie", según la calificación realizada por un informe pericial de la Agencia Tributaria.

Frente a la acusación, Sáenz, según las fuentes consultadas en el SCH, sostiene una tesis diferente. Según el relato de los imputados, en 1994 recibieron del SCH, que había adquirido Banesto, un 1% de las acciones de esta entidad a un precio de 400 pesetas de entonces por título, operación que financiaron con un crédito del Bank of America. Sobre el paquete del 1% se acordó un pacto de recompra con el SCH, a 10 años, por el mismo precio de 400 pesetas. Según su punto de vista, ese pacto de recompra implicaba que no existía incremento patrimonial ni retribución en especie.

En 1998, cuando acabó el saneamiento de Banesto, el SCH liberó el pacto de recompra en un 80% (el restante 20% se liberó en los dos ejercicios siguientes) y los beneficiarios de las acciones, en consecuencia, comenzaron a tributar.

Según fuentes del SCH, los denunciados pagaron a Hacienda en los ejercicios 1998, 1999 y 2000 un total de 3.794 millones de las antiguas pesetas. En el caso de que los beneficiarios de las acciones hubieran decidido tributar en 1994, siempre según las mismas fuentes, habrían pagado a Hacienda sólo 1.618 millones.

La investigación del presunto delito comenzó en 1998 como fruto de una inspección fiscal que dio lugar al procedimiento abierto en el juzgado de Alcobendas.