El ex presidente de Banesto dice que sobre las acciones que no declaró había opción de recompra
Se investiga si Alfredo Sáenz cometió delito al no tributar en 1994 el 1% del capital social que la entidad recibió del SCH
El consejero delegado del Banco Santander y ex presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, ha dicho hoy ante el Juzgado de Alcobendas, que le investiga por un presunto delito fiscal, que no tributó hasta 1998 por unas acciones que recibió en 1994 porque sobre ellas existía una opción de recompra, según han confirmado hoy fuentes jurídicas.
Compareció durante más de dos horas y sólo contestó a las preguntas del fiscal, a raíz de lo cual la defensa del banquero indicó que en 1998, cuatro años después de este acuerdo de cesión de acciones, Alfredo Sáenz hizo frente a sus obligaciones fiscales y que, por ello, no habido daño a las arcas públicas.
La jueza encargada del caso, Concepción Ramiro Bargueño, investiga una presunta irregularidad tributaria cometida con dichos títulos, representativos del 1% de su capital, que Sáenz y otros 10 directivos recibieron en 1994 del SCH al hacerse cargo de la entidad. Según las acusaciones, la cantidad defraudada podría rondar los 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros). Sáenz fue designado por el Banco de España administrador de Banesto en diciembre de 1993 tras la intervención de la entidad financiera. Tras su adjudicación al Banco Santander, fue ratificado en el puesto.
Un informe pericial de la Agencia Tributaria presentado ante el Juzgado mantiene que la calificación del beneficio obtenido de las acciones de Banesto era una "retribución en especie", pues existía "un vínculo oneroso" entre el Banco Santander y los 10 administradores. Por ello, a juicio del perito, habría de haberlo declarado en el Impuesto de la Renta Sáenz, que no da cuenta fiscalmente de los beneficios de estas acciones hasta 1998.
Justo en ese año comenzó la investigación de este presunto delito, fruto de una inspección fiscal que dio lugar al procedimiento abierto en el Juzgado de Alcobendas, donde están personados como acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como el abogado Rafael Pérez Escolar y la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes.
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