El recurso al Constitucional puede afectar a 200 docentes de la UPV

La incertidumbre marca de nuevo a la Universidad del País Vasco (UPV) tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra siete de los 113 artículos y dos de las seis disposiciones transitorias de la Ley del Sistema Universitario Vasco, aprobada a finales de febrero tras una accidentada tramitación. Aunque el Tribunal Constitucional aún debe decidir si admite a trámite el recurso, y pese a que la consejera de Educación, Anjeles Iztueta, ha recalcado que, diga lo que diga el alto tribunal, la norma se mantendrá "tal y como está", en la comunidad universitaria existe cierta inquietud y mucho desconocimiento. El Rectorado de la UPV ha optado por evitar cualquier pronunciamiento público ante una medida de la que no ha recibido ninguna información del Gobierno vasco y cuyo contenido conoce sólo "por la prensa".

Fuentes académicas han indicado a EL PAÍS que el principal efecto del recurso, si es aceptado por el Constitucional, radica en la situación de los profesores asociados a tiempo completo no doctores, categoría en la que se encuadran algo más de 200 de los casi 4.000 docentes que trabajan en la UPV. Este grupo desaparecerá como tal a fines de 2005, cuando concluye el plazo máximo marcado por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) para adaptarlo a las nuevas figuras contractuales que establece su articulado.

Con el fin de salvar esta situación, Educación incluyó en la ley vasca una disposición transitoria, la segunda, que también engloba a los asociados doctores, que reza que aquellos docentes que cumplan estas características y acrediten haber realizado al menos cinco años tareas docentes e investigadoras "serán contratados como profesoras y profesores colaboradores permanentes o profesoras y profesores agregados, dependiendo de su condición de doctor o doctora, previo informe específico de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco".

Normas de contratación

Los docentes que no cumplan el plazo marcado o que, aunque lo cumplan, se encuentren fuera de la UPV, añade la transitoria, también "serán contratados como profesoras y profesores colaboradores temporales o profesoras y profesores adjuntos, dependiendo de su condición de doctor".

El recurso elaborado por la Abogacía del Estado argumenta que esta disposición vulnera el artículo 48 de la LOU, que establece las normas generales de contratación del profesorado. A juicio de las citadas fuentes, la transitoria segunda establece la contratación automática de estos profesores sin que medie un concurso, requisito imprescindible en toda Administración pública. "Supondría una desventaja y una discriminación contra quienes pueden contar con un mejor currículum y aspirar, con todo el derecho del mundo, a la plaza que, de seguir así la norma, se adjudicaría de forma automática", advierten.

A ello se añade un segundo problema. La ley vasca da por sentada la posibilidad de convertir a los asociados no doctores de todas las titulaciones en profesores colaboradores permanentes. Sin embargo, la ley orgánica aprobada en 2001 circunscribe esta categoría docente sólo a parte de las materias de conocimiento, en concreto a 27 áreas, la gran mayoría de ellas enseñanzas técnicas.

La otra disposición recurrida, la tercera, hace referencia a los algo más de 200 profesores colaboradores de la UPV que carecen del preceptivo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El texto afirma que "podrán seguir prestando dichos servicios, dentro de sus áreas correspondientes, mientras se resuelva su solicitud ante la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco".

A diferencia de la otra disposición, que aún no ha sido usada, ésta sí ha tenido ya un uso práctico. Al mes de publicarse la norma en el Boletín Oficial, su contenido pasó a ser ejecutivo y el Consejo de Gobierno de la UPV echó mano de ella, con los que los contratos de estos docentes se han renovado hasta septiembre de 2005. "No es probable que el recurso afecte a estos profesores, porque el proceso legal que se abriría superaría la fecha de vencimiento del contrato. El problema se planteará en septiembre de 2005, pero eso va a ocurrir con recurso o sin él", precisan las fuentes consultadas.