El Constitucional admite el recurso del Gobierno contra la ley vasca de Universidades

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra diversos artículos de la Ley del Sistema Universitario Vasco, que queda suspendida. El conflicto se plantea sobre ocho artículos y dos disposiciones transitorias de la norma vasca que regulan aspectos como el porcentaje de doctores en las universidades privadas, la evaluación de la capacidad del personal docente y la posibilidad de expedir "títulos propios de las universidades reconocidas por la comunidad autónoma".

Asimismo, se recurre contra la competencia exclusiva del Parlamento vasco para crear o suprimir universidades públicas o reconocer Universidades privadas y al régimen legal de sucesión en los contratos laborales del profesorado ya existentes. Todos esos artículos y disposiciones quedan suspendidos en su vigencia y aplicación el referido a la competencia exclusiva de la cámara vasca para la creación y supresión de universidades públicas y el reconocimiento de las privadas, según hace constar el Constitucional en el auto de admisión a trámite.

El Ejecutivo invoca en su recurso que los preceptos autonómicos que impugna queden suspendidos por un máximo de cinco meses. En ese plazo, el Constitucional debe decidir si los mantiene en suspenso hasta que dicte sentencia, lo que puede demorarse varios años, o si por el contrario permite su aplicación hasta entonces.

La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó tras el Consejo de Ministros que tomó la decisión de presentar el recurso que ésta tiene que ver "fundamentalmente" con un exceso de competencias de Gobierno vasco y la extralimitación del principio de autonomía en el ámbito universitario. Para ella, el Gobierno tiene el compromiso de abordar ésa y otras cuestiones en el marco del diálogo que está previsto abrir "en su momento" para la reforma de la Ley Orgánica de Universidades y con el que se espera alcanzar el máximo "consenso" y participación de las comunidades autónomas.