El primer relato judicial del 11-M omite cualquier referencia a sospechas sobre ETA

La comisión de investigación del Congreso sobre el 11-M tiene a su disposición un primer documento del sumario que instruye la Audiencia Nacional: el auto que dictó el pasado viernes el juez Juan del Olmo. Dicho auto, de 21 folios de extensión, relata las primeras diligencias dirigidas a determinar la autoría de la matanza. En ningún momento alude a las sospechas sobre ETA, que el Gobierno del PP presentó como la "línea prioritaria" de la investigación. Los grupos parlamentarios deben presentar antes de las diez horas de mañana sus peticiones de documentación y comparecencias.

Coincidendo con la polémica sobre el acceso de la comisión de investigación del Congreso al sumario sobre el 11-M, el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan Del Olmo, difundió el pasado viernes un auto. En su escrito, el magistrado acuerda mantener la prisión incondicional para tres imputados, Iván Granados Peña, Raúl González Peláez y Emilio Llano Álvarez; mientras deja en libertad provisional a Sergio Álvarez Sánchez, Carmen Toro Castro y Antonio Toro Castro, con obligación de presentarse semanalmente y prohibición de abandonar España. Todos ellos aparecen vinculados en distinto grado con el robo de los explosivos empleados en la masacre.

Sin embargo, el magistrado no se limitó, como en ocasiones precedentes, a citar sucintamente los indicios que existen contra los afectados por la resolución, sino que difundió un amplio escrito en el que, por vez primera, hace un relato pormenorizado, aunque incompleto, del estado de la investigación. Al final del auto, señala expresamente: "Se alza parcialmente el secreto de las actuaciones en lo que afecta a la totalidad de esta resolución".

En opinión de fuentes judiciales, el auto incluye aquellos aspectos del sumario que pueden ser conocidos sin perjudicar la investigación, que en todos los demás aspectos sigue siendo secreta.

La bomba que falló

El auto relata la explosión de diez bombas en cuatro trenes de cercanías, la detonación controlada de otras dos y el hallazgo, ya en la madrugada del día 12, de una mochila con explosivos que pudo ser desactivada y facilitó la mayor parte de la información disponible sobre el origen y composición de los artefactos.

El juez explica que esta última estaba preparada para estallar a las 7.40 del 11 de marzo y contaba "con todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento", hasta el punto de que la policía realizó siete pruebas sucesivas con el mismo teléfono y en todos los casos explosionaron los detonadores, por lo que "no se pueden establecer [las] causas determinadas por las que [afortunadamente] falló en su momento", salvo el hecho de que se trataba de un artefacto casero.

Pero la mochila-bomba no fue el primer indicio de que dispuso la policía. El mismo día 11 se localizó en Alcalá de Henares una furgoneta Renault Kangoo utilizada para transportar las mochilas-bomba. El auto señala que la furgoneta entró en el complejo policial de Canillas (Madrid) "sobre las 15 horas 30 minutos". En ese momento fueron avisados expertos de la Comisaría General de Policía Científica, quienes realizaron una "inspección ocular y descripción del estado del vehículo", en la que se detectó "una cinta casete con inscripciones en árabe en el interior del radiocasete" y una bolsa de plástico de color azul, bajo el asiento del copiloto, "que contenía lo que parecían ser varios detonadores". La existencia de la furgoneta con la cinta en árabe fue revelada por el ministro del Interior, Ángel Acebes, en la conferencia de prensa celebrada a las 20.20 de ese mismo día.

El tiempo transcurrido desde que el Gobierno dispuso de la información hasta que la hizo pública es uno de los elementos que deberá analizar la comisión parlamentaria. El PP sostiene que no se retuvo ningún dato y que se difundieron a medida que iban siendo confirmados, aunque el ministro Ángel Acebes siempre añadía que la autoría de ETA seguía siendo la "línea prioritaria", una hipótesis a la que no hace referencia el juez Del Olmo.

Acebes, cuya comparecencia reclaman la práctica totalidad de los grupos, deberá declarar ante la comisión del Congreso, como también lo harán, con toda probabilidad, los ex ministros Eduardo Zaplana y Ana Palacio; así como la cúpula directiva del Ministerio del Interior con el PP.

Víctimas y bomberos

La comparecencia más polémica es la de José María Aznar. El PSOE descarta citarlo, al menos en esta primera fase, pero otros grupos -como ERC, PNV, el Mixto y, probablemente, CiU- se proponen llamarlo.

Fuentes del PP aseguran que el ex presidente del Gobierno no tiene ningún inconveniente en acudir al Congreso, por lo que el Grupo Popular está estudiando incluirlo en su propia lista. El PP sospecha que el PSOE acabará apoyando a los grupos que quieren llamar a Aznar y considera que, si tiene que venir, es mejor que lo haga voluntariamente.

Los socialistas quieren que se estudie el trato dispensado a las víctimas del 11-M, mientras que los populares pretenden analizar el funcionamiento de los servicios sanitarios y de bomberos, dependientes de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, ambos gobernadas por el PP.

El mayor empeño del PP, sin embargo, está en demostrar que se "violentó" la jornada de reflexión y que las concentraciones ante sus sedes no fueron espontáneas. Sus ojos están puestos en la Cadena SER y en el portavoz del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Este último figura también en la lista de ERC, mientras que los periodistas a los que quieren llamar los demás grupos son los directores de periódicos que recibieron aquel mismo día dos llamadas telefónicas de Aznar asegurándoles que ETA estaba detrás de la masacre.