Agricultura considera que el vacuno ha superado la crisis de las 'vacas locas'

El Ministerio de Agricultura ha planteado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, presidida por María Neira, la vuelta a la normalidad en el sector del vacuno, eliminando o reduciendo una serie de controles que se adoptaron en 2000 como medidas excepcionales para luchar contra la enfermedad de las vacas locas (EEB). Para el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Moraleda, hay una serie de medidas costosas para los ganaderos que se pueden aligerar o suprimir sin que ello suponga una merma para los consumidores en la seguridad alimentaria.

Una de las medidas solicitadas afecta a la posibilidad de elevar de los 12 a los 24 meses la edad para la retirada obligatoria de la columna vertebral de los animales. Esta operación es realizada por los mataderos, pero pagada por los ganaderos con un coste anual de unos 20 millones de euros.

Agricultura basa su petición en los informes epidemiológicos manejados por la Comisión Europea, según los cuales no se ha detectado ningún caso en animales con edades inferiores a los 35 meses. Igualmente se plantea la posibilidad de considerar la prohibición de las harinas de carne y hueso en la alimentación animal de acuerdo con los resultados obtenidos en los muestreos hechos en los últimos años donde no apareció ningún caso positivo. También se plantea elevar de 24 a 30 meses la edad obligatoria para realizar análisis en los animales bovinos destinados al consumo humano.

El Ministerio de Agricultura se propone con el mismo objetivo eliminar el llamado certificado veterinario, que debe ser firmado por estos profesionales, y que es condición indispensable para que un animal rumiante pueda ser destinado al sacrificio. Según este documento, tanto los veterinarios como los ganaderos certifican que el animal no ha padecido ninguna enfermedad.

La realidad es que el ganadero no puede certificar algo de lo que en muchos casos no puede estar seguro por sus conocimientos sanitarios. Además, en otros casos los veterinarios tampoco han hecho un seguimiento puntual de cada explotación, por lo que se trata de un papel costoso para el productor que no ofrece garantías. Para los ganaderos, la solución a la seguridad sanitaria no es el certificado, sino una sanidad animal más cercana a las explotaciones.