Fabricando el desierto

No se trata exactamente de frenar el avance natural de los desiertos, como se suele interpretar con frecuencia, sino de evitar que los suelos de zonas áridas o semiáridas se degraden como consecuencia de la actividad humana y las variaciones climáticas. Es decir, proteger aquellos suelos más vulnerables a la erosión en los que, sin embargo, con frecuencia se llevan a cabo aprovechamientos claramente insostenibles. Ésta sería la verdadera lucha contra la desertificación que en España, y en Andalucía, debería constituir uno de los ejes prioritarios de las políticas ambientales.

La degradación del suelo en el Mediterráneo, explica José Luis Rubio, presidente de la Sociedad Europea de Conservación de Suelos, "se relaciona con prácticas agrícolas inadecuadas o con la utilización de zonas marginales poco aptas para la agricultura". En estas circunstancias, añade, "el suelo se erosiona, pierde materia orgánica, se saliniza y, paulatinamente, disminuye su capacidad productiva". En este proceso intervienen tanto las malas prácticas como otros riesgos naturales propios del territorio mediterráneo, como son los incendios forestales, las sequías o las lluvias torrenciales.

De hecho, la pérdida de suelo en Andalucía está directamente relacionada con el comportamiento de las lluvias, con su distribución, cantidad e intensidad. En 2002, el último año para el que se dispone de información a propósito de este fenómeno, las precipitaciones fueron moderadas, escaseando los episodios tormentosos altamente erosivos, lo que se tradujo en una reducción notable de las pérdidas de suelo, que sólo afectaron, de forma grave (más de 100 toneladas perdidas por hectárea y año), a un 8% del territorio regional. Sin embargo, hay momentos donde el caprichoso clima mediterráneo, como ocurrió en 1996, dispara estos índices, registrándose pérdidas de suelo altas o muy altas en más de un 20% de la superficie andaluza.

A veces, bastan unas pocas tormentas de cierta intensidad para que comarcas especialmente vulnerables, como las Alpujarras granadinas, la cuenca del Guadalhorce (Málaga) o la Sierra Sur de Sevilla registren pérdidas de suelo de hasta 300 toneladas por hectárea y año, una verdadera catástrofe ambiental difícil de reparar a corto plazo.

El problema no es exclusivo del sur de la Península Ibérica. Según datos de Naciones Unidas, unos 4 millones de hectáreas del planeta se suman cada año a la nómina de suelos degradados que, en su conjunto, alcanzan cerca del 30% de las zonas continentales (alrededor de 4.000 millones de hectáreas). Si se prefiere un cálculo financiero, la pérdida de capacidad productiva de las tierras afectadas por la erosión se estima en unos 26 billones de dólares cada año, y si el impacto lo situamos sobre las personas, alrededor de 1.000 millones de seres humanos ven comprometida su subsistencia debido a la creciente desertificación.

En Andalucía, como reconoce la propia Consejería de Medio Ambiente, este fenómeno no es percibido como un riesgo vital ya que, al localizarse en un país desarrollado, sus efectos pueden mitigarse a través de compensaciones económicas, recursos tecnológicos o infraestructuras. "Este enmascaramiento del perjuicio originado, posible al menos a corto plazo, hace difícil la concienciación social, lo que repercute en la adopción de medidas paliativas", señala el documento del Plan Andaluz de Control de la Desertificación.

Para frenar este proceso no basta con lanzarse a repoblaciones forestales que sólo buscan incrementar el número de árboles en el menor tiempo posible. Si de lo que se trata es de mejorar la cubierta vegetal de las zonas amenazadas por la erosión, señala la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), hay que actuar, sobre todo, en la restauración de aquellas funciones que tradicionalmente viene cumpliendo el bosque mediterráneo. Hay que favorecer los aprovechamientos sostenibles (como la producción de corcho o la recolecta de plantas aromáticas y medicinales) que, además, evitan la despoblación de estos territorios marginales; mejorar las condiciones que tienen estos ecosistemas para albergar a multitud de especies animales o vegetales, y favorecer, en definitiva, su capacidad para estabilizar los suelos. Mejor actuar sobre los recursos ya disponibles que apostar por la simple suma de nuevos territorios forestales.

Al margen del plan de acción del Gobierno andaluz, que contempla actuaciones valoradas en 7.500 millones de euros durante la próxima década, el movimiento ecologista reclama una estrategia a escala nacional que debería centrarse en el desarrollo de una gestión sostenible de las tierras agrícolas, de los recursos hídricos y de la ordenación del territorio.

sandoval@arrakis.es