La Junta se subroga las competencias de Marbella para sancionar ilegalidades urbanísticas

La Junta ha decidido intervenir en el desorden urbanístico de Marbella haciendo uso de una prerrogativa de la nueva ley de Ordenación: subrogarse competencias municipales para sancionar indisciplinas cuando no lo hacen los ayuntamientos. El 1 de junio, Obras Públicas comunicó el primer expediente sancionador que incoa a una firma industrial que ha levantado sin licencia un vial y cuatro edificaciones, a la que el Ayuntamiento no ha puesto sanción pese a que fue instado a hacerlo por la Junta en enero de 2003. En otros 25 casos, la Junta espera que se produzca una intervención municipal.

El control de la disciplina urbanística para que se cumpla el planeamiento en las ciudades corresponde a los ayuntamientos. Pero la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía contempla en su artículo 188, que determina las competencias que corresponden a la comunidad, que "en las actuaciones llevadas a cabo sin licencia ni orden de ejecución, la consejería competente en materia de urbanismo, transcurrido sin efecto un mes desde la formulación de requerimiento al alcalde para la adopción del pertinente acuerdo municipal, podrá adoptar medidas cautelares de suspensión". En otro apartado del mismo artículo se recoge que "la Administración que haya adoptado la medida cautelar prevista lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la otra Administración, que deberá abstenerse de ejercer dicha competencia", y que la Consejería "podrá adoptar las medidas necesarias para la reparación de la realidad física alterada".

En el caso en cuestión, la Policía Urbanística del Litoral, dependiente de la Junta, detectó en diciembre de 2002 unas obras de urbanización y construcción sin licencia sobre suelo no urbanizable en la finca Cortijo de San Cristóbal, en el paraje conocido como Lagar del Pino. El 9 de enero de 2003, la delegación de Obras Públicas en Málaga requirió al Ayuntamiento de Marbella, que en aquel momento presidía Julián Muñoz, a que abriese el oportuno expediente sancionador. Pero el Consistorio no tomó ninguna iniciativa y el 30 de octubre de 2003 la Junta decidió subrogarse en las competencias municipales para decretar orden de paralización de las obras e iniciar las medidas sancionadoras.

Promoción sin licencia

La promotora de las obras es la sociedad Zumos Marbella, SL, que construyó sin licencia ni proyecto de actuación tres edificios: uno principal de tres cuerpos de 4.102 metros cuadrados, una nave de 650 metros cuadrados con un edificio adosado de 95 metros cuadrados, y una nave más de 425 metros cuadrados. Además, se detectó también la construcción de un vial de 3.700 metros y un ramal del colector de saneamiento también sin autorización.

Según la resolución del expediente sancionador firmada el 31 de mayo por el delegado de la Consejería de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano, la actuación llevada a cabo por Zumos Marbella, SL, puede ser constitutiva de una infracción urbanística "muy grave" por la que cabría una multa de entre 1.292.455 euros y 2.584.690 euros. Las infracciones muy graves están penadas con multas que oscilan entre el 75% y el 150% del valor de las obras ejecutadas ilegalmente, que en este caso asciende a 1.723.127 euros.

En la inspección, la Junta ha detectado que están en ejecución actualmente 25 obras que incumplen la normativa, por lo que ha instado al Ayuntamiento a que imponga sanciones. La alcaldesa, Marisol Yagüe, que ha reconocido importantes retrasos en la tramitación de expedientes urbanísticos, ha anunciado que así lo hará. Para la Junta, en la ciudad hay un auténtico "caos" urbanístico y ninguna evidencia de que el gobierno municipal haya cambiado el rumbo de los anteriores. La Junta ha impugnado 15 licencias del actual gobierno por vulnerar el planeamiento vigente y ha detectado 57 permisos por silencio administrativo.