La penosa situación de las prisiones exige ya un pacto entre PNV y PSOE

Después de muchos años de silencio, los gobiernos central y vasco han empezado a hablar sobre la situación de las cárceles, pero los intereses respectivos son tan diferentes que será muy difícil llegar a acuerdos. La nueva directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, llegó esta semana al País Vasco con la intención de mejorar la muy deteriorada situación de los presidios, y para ello pidió ayuda al consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. Pero el Gobierno vasco no contempla otra forma de colaboración que no sea la transferencia completa de la competencia.

Hay una imagen que refleja muy bien la situación. El pasado jueves, una hora después de que Gallizo y Azkarraga compartieran en Vitoria un almuerzo tan cordial como estéril, la directora de prisiones llegó a la prisión donostiarra de Martutene. Allí pudo ver paredes devoradas por la humedad, rejas arruinadas por la herrumbre, celdas imposibles. Uno de los presos, vestido con una camiseta donde se leía Pastillas colocón, le contó sus pequeñas diatribas contra una cárcel inhabitable. Tras la visita, Gallizo tuvo la sensación de que no había otra solución que cerrar esa prisión lo antes posible y construir otra nueva.

Y es aquí donde empieza un camino ciertamente difícil. Para contestar a las primeras preguntas inevitables -dónde construir la nueva cárcel y con qué dinero-, el Gobierno central necesita ponerse de acuerdo con el Ejecutivo de Vitoria, y ahí todo se complica. Las cárceles vascas, o el acercamiento de los presos vascos a unas prisiones que se caen a pedazos, no son sino dos piezas más del resbaladizo terreno por el que se deslizará la política vasca hasta las autonómicas de 2005. El Gobierno de Ibarretxe ya ha advertido de que no quiere transferencias "mutiladas". Y así, lo que hace varios años hubiera hecho las delicias del PNV, hoy se le antoja insuficiente. Valga de ejemplo el ofrecimiento realizado por Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, para estudiar los traspasos de competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas. Según los socialistas, el Gobierno de Ibarretxe seguirá subiendo el listón para poder seguir recurriendo al "victimismo y la confrontación que tan buenos resultados les da en tiempo electoral".

Así las cosas, la negociación se presume complicada. Mercedes Gallizo puede intermediar para que los presos de ETA puedan volver a estudiar en la UPV -tras la prohibición aprobada por el Gobierno del PP-, pero seguramente no está legitimada para entrar a debatir con Azkarraga el eterno problema del acercamiento de los presos de ETA.

El Departamento de Justicia lleva mucho tiempo denunciando con razón que desconocen la situación de las cárceles vascas porque Instituciones Penitenciarias le niega la entrada. Y, sin embargo, su consejero, Joseba Azkarraga evitó secundar la invitación de Gallizo -efectuada a través de Txema Urquijo- para recorrer "juntos" las tres prisiones de la comunidad autónoma.

En relación con el acercamiento de presos, Azkarraga aseguró el viernes que un partido que se dice "progresista" como el PSOE no puede mantener en este asunto una política "vengativa". Si bien Mercedes Gallizo puntualiza que el problema del desarraigo del preso no es una particularidad de los reclusos vascos. La directora de prisiones explicó a este periódico los problemas que existen para los internos cuya residencia está en las islas Canarias o en Baleares. "Unos 700 de ellos están en prisiones de la península", explica la política socialista, "¿cómo lograr el arraigo de unos presos cuando obtienen el régimen abierto y sus familias están en Menorca o en Santa Cruz de Tenerife?".

No obstante, la nueva directora de Prisiones no quiere esperar al final de la negociación y pretende empezar a resolver problemas ya. Pone el ejemplo de los locutorios -que más que ayudar al encuentro entre preso y familias son una penalidad añadida- o la falta de líneas de autobuses hasta las cárceles. "Es una cuestión de voluntad", remarca Gallizo.