El Papa reprocha a España su política sobre el aborto y los gays

Juan Pablo II afirmó ayer que los Gobiernos tienen "la obligación de defender la vida" y respetar "los derechos de la familia", aprovechando el acto de presentación de credenciales del nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Jorge Dezcallar. Fue un mensaje muy claro al Gobierno español, cuyos planes para ampliar los supuestos del aborto y permitir a homosexuales el matrimonio y la adopción suscitan malestar en el Vaticano. La advertencia llega en vísperas de la primera audiencia papal a José Luis Rodríguez Zapatero, prevista el lunes.

La señal de inquietud emitida ayer por el Papa no sorprendió al Gobierno español, conocedor de la posición vaticana sobre esos temas. Lo inusual fue la claridad con que se expresó Juan Pablo II en el texto entregado al embajador Dezcallar. En medios diplomáticos españoles se daba ayer por supuesto que Zapatero iba a recibir el próximo lunes un mensaje de preocupación igualmente rotundo, de parte del propio pontífice o de su "jefe del Gobierno", el secretario de Estado, cardenal Angelo Sodano.

"Es conveniente", dijo el Papa en la carta entregada al embajador, "arrojar luz sobre la incoherencia de algunas tendencias de nuestro tiempo, que, mientras por un lado magnifican el bienestar de las personas, por otro debilitan la raíz de su dignidad y de sus derechos, como ocurre cuando se limita o se instrumentaliza el derecho fundamental a la vida, como en el caso del aborto".

"Proteger la vida humana", prosiguió, "es un deber de todos, ya que la cuestión de la vida y de su defensa no es prerrogativa exclusiva de los cristianos, sino que alcanza a toda conciencia humana que aspira a la verdad y se preocupa por la suerte de la humanidad".

"Los responsables públicos, en cuanto garantes de los derechos de todos, tienen la obligación de defender la vida, en particular la de los más débiles e indefensos", afirmó el pontífice, porque "las auténticas conquistas sociales son aquellas que promueven y tutelan la vida de cada uno y, al mismo tiempo, el bien común de la sociedad".

Juan Pablo II se refirió también en la carta al matrimonio, y expresó rechazo a la constitución de parejas del mismo sexo y al derecho de adopción por parte de homosexuales. Hablando de los derechos de la familia se refirió "al de nacer y crecer en un ambiente estable, en el que las palabras padre y madre puedan ser dichas con gusto y sin engaño".

El jefe de la Iglesia Católica subrayó la necesidad de "no ceder ante ciertas voces que parecen confundir el matrimonio con otras formas de unión totalmente distintas, cuando no contrarias al mismo, o que parecen considerar a los hijos como simples objetos para la propia satisfacción".

Y se refirió asimismo, como tiene por costumbre, a la educación religiosa: "La familia tiene el derecho y el deber de educar a los hijos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas". "Se debe valorizar la enseñanza de la religión católica en las instituciones estatales, basada precisamente en el derecho de las familias que lo soliciten, sin discriminaciones ni imposiciones".

El nuevo embajador español, llegado a Roma el pasado lunes, agradeció por su parte a Juan Pablo II el hecho de haber sido la primera autoridad internacional en expresar su condolencia por los atentados del 11 de marzo.

Placet rápido

La rotundidad del mensaje papal planteado a las autoridades españolas no se vio sin embargo acompañada de ninguna hostilidad sino, por el contrario, de numerosas muestras de afecto hacia el embajador Dezcallar, al que se le concedió el placet en tan sólo cuatro días, un tiempo brevísimo en términos diplomáticos, y para el que se fijó audiencia de entrega de cartas credenciales en otros cuatro días.

Es un hecho que la diplomacia vaticana, la más antigua del mundo, es experta en combinar las atenciones personales con la presión política: ésa fue en su momento la combinación utilizada por la Santa Sede para tratar con el ex embajador Gonzalo Puente Ojea, agnóstico declarado y representante de España ante la Santa Sede entre 1985 y 1987. Era una época en que otra administración socialista y la jerarquía católica española mantenían divergencias en materia de libertad educativa y financiación de los colegios religiosos.