Gallizo cerrará en breve un encuentro con el rector
Mercedes Gallizo, la flamante directora general de Instituciones Penitenciarias, busca con su discurso abierto y progresista la complicidad de todo el mundo. Ayer dijo que, independientemente de quién tenga la competencia, hay una "responsabilidad social y de carácter humanitario sobre la condición en la que están viviendo" los presos.
En su visita a las tres cárceles vascas ha tratado de escuchar con atención a los responsables vascos de Justicia, pero también a los reclusos y a los funcionarios que se han acercado a ella en las sucesivas visitas que lleva realizando desde que inició, en la cárcel cántabra del Dueso, su periplo por las prisiones españolas nada más tomar posesión de su cargo.
Al término de la visita de ayer, a las puertas de la prisión de Basauri, Gallizo reiteró que había buscado un "contacto directo con el Gobierno vasco" porque "ésa debe ser la política" a seguir. "Mi Gobierno está convencido de que hay que tener una política de diálogo y de colaboración entre todas las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas", anunció.
La máxima responsable de Prisiones se lleva algunos deberes tras este viaje. La próxima semana tiene previsto telefonear al rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez, para cerrar una cita con él. Pérez ya ha mostrado su interés por trasladar a la nueva responsable de Instituciones Penitenciarias su desacuerdo con la decisión del anterior Gobierno del PP de negar a los presos de ETA la posibilidad de matricularse en la Universidad pública.
Una vez más, la disposición de Gallizo y de su equipo parece buena. Aunque ayer no entró a comentar esa petición, aseguró: "Voy a escuchar con todo interés las propuestas que quiera hacerme para ver cómo podemos mejorar, dentro del respeto que debemos a la ley y a los acuerdos suscritos en el Parlamento, y ver qué vías hay de colaboración con la UPV".
En una muestra de esa colaboración entre instituciones que pretende instaurar en su despacho, Gallizo anunció que contestará en breve a la petición realizada por el Parlamento vasco al anterior Gobierno sobre unos datos de reclusos de la comunidad autónoma. No quiere dejar que la burocracia le coma terreno y puso fecha para contestar: una semana.
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