Anticorrupción aparta del 'caso Fabra' al fiscal jefe de Castellón

La fiscalía anticorrupción ha apartado al fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, del llamado caso Fabra, que afecta al presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, y designar representante del ministerio público a uno de sus fiscales. A partir de ahora ejercerá dichas funciones Carlos Saiz Díaz, nombrado ayer por el Consejo de Ministros fiscal de la fiscalía especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción.

En un escrito remitido al juzgado de instrucción número de 1 de Nules, la fiscalía anticorrupción comunica a su titular el cambio. Desde ahora, es a Saiz Díaz a quien deben comunicarse las notificaciones y la práctica de cualquier diligencia que se acuerde en el procedimiento judicial por el que es investigado Fabra. La fiscalía anticorrupción ha adoptado esa iniciativa después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le otorgara la competencia para intervenir en las diligencias previas relativas al caso Fabra. Saiz Díaz procede de la sección de Delincuencia Económica del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La titular del juzgado de Nules inició, de oficio, una investigación ante la sospecha de la posible comisión de uno o varios presuntos delitos contra la Administración. El procedimiento se abrió tras las denuncias interpuestas por el empresario Vicente Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle favores políticos y gestiones realizadas ante la Administración con el fin de tratar de acelerar la autorización para fabricar productos fitosanitarios. En dicho procedimiento han prestado ya declaración, en calidad de acusados, tanto Fabra como su esposa, Amparo Fernández, así como Vilar y su ex mujer, Monserrat Vives, socia de la esposa de Fabra.

La actuación del fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, que decidió asumir personalmente el caso, ha sido fuertemente criticada en varios ámbitos. Tras los interrogatorios a Fabra y a Vilar, el propio empresario consideró que el representante del ministerio público había intentado "desprestigiarle". Su actuación también fue criticada por la Asociación Progresista de Fiscales.