El CES apoya la norma, pero pide que incluya a los hijos
El pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó ayer, con 41 votos a favor, tres en contra y una abstención, el informe sobre el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres. El organismo, integrado por sindicatos, empresarios y consumidores, considera positivo que se aborde el problema del maltrato con una ley integral dirigida a las mujeres. Sin embargo, advierte de que esta "técnica legislativa original" puede dejar sin las medidas de protección a los hijos de las maltratadas.
La opción de centrarse exclusivamente en las mujeres como víctimas "plantea el inconveniente de que en determinados casos puede dejar fuera del ámbito de las medidas protectoras a otras personas, víctimas asimismo de la violencia, como por ejemplo hijos de mujeres víctimas de violencia", señala el informe. A continuación puntualiza: "El que estas situaciones puedan producirse no debe entenderse como un error en la opción del legislador, sino como un efecto colateral de ésta, que debe solucionarse mediante intervenciones puntuales en el articulado del anteproyecto".
El CES, cuyo análisis de la ley excluye la parte penal y procesal, está de acuerdo en el establecimiento de derechos laborales para las víctimas (como la movilidad geográfica o el abandono del puesto de trabajo con derecho a paro), pero considera necesario que se reduzcan los efectos sobre las empresas. Propone que la sustitución de una maltratadas tenga un coste cero en Seguridad Social. Apoya que el agresor pierda el derecho a percibir la pensión de viudedad.
El CES destaca la inclusión en el sistema educativo de medidas para favorecer la igualdad y la resolución pacífica de conflictos. Por otra parte, pide que las comunidades autónomas, los empresarios y los sindicatos formen parte del Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer.
