La Comunidad abrió 1.815 expedientes de guardia y tutela en 2003
El 80% de los menores acogidos son inmigrantes que viven sin sus padres
La Comunidad de Madrid abrió el año pasado 1.815 expedientes para la guarda y tutela de menores, según explicó ayer el director gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), Juan José García Ferrer, tras una reunión del Consejo de Atención a la Infancia.
García Ferrer precisó que se abrieron 1.074 expedientes para tutela y 741 para guardas de los menores, de los que finalmente fueron asumidos 873 y 401, respectivamente. Al margen de estas notificaciones, realizadas en su mayoría por los servicios sociales municipales, el director gerente del IMMF aseguró que se recibieron 910 expedientes derivados desde la Fiscalía de Menores.
Por otro lado, García Ferrer aseguró que en 2003 se registraron 1.873 altas en los centros de primera acogida dependientes del Gobierno regional, en donde permanecen los menores en situación de riesgo y desamparo que precisan de una actuación inmediata. Los menores pueden permanecer en esos centros un mes como máximo, periodo en el que los profesionales han de establecer un diagnóstico y propuesta de derivación al recurso más adecuado, que, por lo general, suele ser residencial.
Mayoría de inmigrantes
El director gerente del IMMF agregó: "El 80% de los menores acogidos son inmigrantes, y de ellos, la mayoría son menores extranjeros no acompañados, un problema importante que tenemos todas las sociedades europeas. Acogerles indiscriminadamente puede provocar que quienes producen que estos menores vengan, sigan llevando unas políticas de infancia que perjudiquen a la mayoría de los niños de su país". Por ello abogó por un "reagrupamiento familiar en interés del menor, pero no de forma indiscriminada".
Por último, García Ferrer apuntó que el pasado ejercicio, el primer año del II Plan de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que estará vigente hasta 2006, se ejecutó en un 80%, habiéndose acometido 37 nuevas acciones orientadas a contribuir al bienestar general de la infancia, prevenir los riesgos sociales de los niños y ayudar a la reinserción de los menores con responsabilidad penal.
