La Generalitat ha pagado 22,3 millones de euros por las rebajas de los peajes

La política de rebajas en los peajes ha supuesto que el Gobierno catalán haya pagado 22,3 millones de euros a las concesionarias por los descuentos que aplican y por aumentos no aplicados, correspondientes al periodo 2001-2003. La cifra a pagar crece cada año, porque el Ejecutivo de CiU aplazó algunos pagos hasta 2004. Los presupuestos de este año contemplan pagos de 18,8 millones de euros, casi tres veces lo abonado en el primer año de rebajas, 2001. ACESA, la principal concesionaria, afirma que la Generalitat le debe 14,4 millones y Fomento, 39,7 millones más.

Las rebajas de peajes acordadas por el Gobierno de CiU se están mostrando ruinosas para el Ejecutivo y muy ventajosas para las concesionarias, que ven cómo la aplicación de descuentos, muchas veces con cargo al erario público, repercute en un aumento de tráfico, lo que, a su vez, multiplica los pagos a realizar por el Gobierno. Esto es así porque el equipo de Felip Puig no contempló los aumentos, contra la opinión de la oposición, que reclamaba, cuando menos, que se limitara el crecimiento que sería objeto de abono por parte del Gobierno. Además, el Ejecutivo de CiU aplazó pagos de algunos descuentos y, también, suspendió aumentos de tarifas que debían realizarse asumiendo también estos pagos con cargo al erario público o aplazándolos.

El resultado fue que los costes de las rebajas de 2001 fueron de 6.075.992 euros. Al año siguiente el aumento fue superior al 10% y se situó en 6.752.190 euros. En 2003 el crecimiento fue del 50% respecto al primer año. Los pagos hechos por el Gobierno catalán a las concesionarias sumaron 9.485.862 euros. Y eso que se aplazaron aumentos de tarifas, algunos superiores al 15% en la autopista del Garraf.

Y la cifra sigue aumentando. Los presupuestos de 2004 que se discuten esta semana en el Parlament incluyen pagos a la concesionaria que duplican los del año pasado: 18,8 millones de euros. A todos estos pagos se comprometieron gobiernos anteriores.

Estas cifras corresponden sólo a las concesionarias dependientes del Gobierno catalán: la del Garraf y la del Maresme, la de Terrassa-Manresa y el túnel del Cadí. Las otras dos grandes vías de peaje (la AP-7 y la AP-2) dependen del Ministerio de Fomento. Presumiblemente la cantidad a pagar por la supresión de la barrera de la B-30 es mayor que todo lo abonado por el Gobierno catalán. Con un agravante: la supresión del peaje está llevando a la vía al límite de la congestión y la concesionaria cobra por vehículo que pasa, de modo que cualquier incremento de tráfico supone más gasto público y mayores ingresos para ACESA, que es la titular de estas autopistas.

Pese a lo elevado de las cantidades pagadas por el Gobierno catalán, aún han quedado pagos pendientes debido a los aplazamientos decididos por el Gobierno anterior. ACESA asegura que la cantidad que le debe el Gobierno catalán ascendía el pasado 31 de diciembre a 14.436.000 euros, mientras que la deuda de la Administración Central del Estado (Ministerio de Fomento) era notablemente superior y se elevaba en esa misma fecha a 39.781.000 euros.