Un informe legal de EE UU considera que las torturas a presos de Al Qaeda "pueden estar justificadas"
La CIA pidió autorización tras el 11-S para poder interrogar de manera más agresiva a supuestos miembros de Al Qaeda capturados fuera del país. La Casa Blanca solicitó el dictamen de la oficina de asesoramiento del Departamento de Justicia. Esta oficina produjo el 1 de agosto de 2002 un informe firmado por su director, Jay Bybee (hoy juez de apelación), en el que se sostiene que la tortura de terroristas "puede estar justificada" y que las leyes internacionales contra la tortura "pueden ser inconstitucionales en el caso de los interrogatorios" dentro del combate global contra el terrorismo.
En otro memorándum del 6 de marzo de 2003, un grupo de trabajo creado por el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, acordó las nuevas líneas de interrogatorio en Guantánamo basándose en parte en el criterio de Bybee.
El comité judicial del Senado ha exigido al fiscal general, John Ashcroft, una copia de ambos informes. Ashcroft asegura que no discutirá su contenido en público ni los entregará al Senado. El presidente George W. Bush también se ha referido al asunto. Dice que espera que las autoridades de EE UU respeten la ley, pero evitó explicar si esas normas permiten la tortura.
Entrega de Sadam
Por otro lado, el primer ministro iraquí, Iyad Alaui, anunció ayer que el ex dictador Sadam Husein y el resto de los presos iraquíes bajo custodia de EE UU serán entregados al nuevo Gobierno iraquí en dos semanas. "Todos los detenidos, sin ninguna excepción, serán entregados al Gobierno iraquí. La entrega se realizará en dos semanas", declaró el primer ministro a la cadena qatarí Al Yazira. "Los juicios tendrán lugar lo antes posible", añadió Alaui. Un portavoz militar de EE UU aseguró sin embargo el pasado domingo que antes del 30 de junio, unos 1.400 prisioneros serán liberados o entregados a Bagdad, pero que entre 4.000 y 5.000 continuarán bajo control estadounidense.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha pedido a EE UU que libere a todos los presos antes de la transferencia de soberanía, a finales de mes, por tratarse de prisioneros de guerra. Pero las Convenciones de Ginebra no excluyen que una vez liberados vuelvan a ser detenidos por el nuevo Gobierno.
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