Los jueces apoyan la nueva protección a las maltratadas y la policía critica su falta de medios

El protocolo de coordinación entre jueces y policías para mejorar la protección a las víctimas de la violencia doméstica desde el momento en que denuncian provocó ayer reacciones encontradas entre sus ejecutores. Las asociaciones judiciales valoraron el texto mientras los sindicatos policiales criticaron sobre todo dos aspectos: la falta de medios para acometer el aumento de las tareas y la atribución a los agentes de la obligación de establecer el nivel de riesgo y de protección policial de las víctimas. Sin embargo, los jueces también evaluarán ese peligro al decidir si otorgan la orden de protección.

Los portavoces de las asociaciones de jueces creen que con el protocolo, aprobado ayer en la comisión de seguimiento de la orden de protección a las víctimas, mejorará la protección, que comenzará en el momento de presentar denuncia. A juicio de Jueces para la Democracia, la atribución a la policía de la evaluación de riesgo y de la protección adecudada es "muy oportuna". En cambio, la asociación Francisco de Vitoria mostró sus reservas sobre ello.

Este aspecto fue criticado por los sindicatos policiales. Aseguraron que la evaluación del riesgo es una competencia propia de los jueces, quienes ahora "se lavan las manos", según el Sindicato Unificado de Policía. Los sindicatos añadieron que que con los medios actuales es imposible prestar atención individualizada a las víctimas de la violencia doméstica. Según Interior, ahora se dedican a proteger a las maltratadas 120 policías y 130 guardias civiles prejubilados. Además, otros 80 policías y 120 guardias reciben formación para ello.

Tal como adelantó este periódico, el protocolo, que se implantará en 30 días, prevé una protección policial individualizada. Las víctimas recibirán un teléfono móvil. Los jueces deberán dictar los alejamientos a una distancia mínima de 500 metros.