Derecho a la ignorancia

Luis Peral, consejero de Educación de la Comunidad, está francamente enfadado. Leyendo su carta al director publicada en EL PAÍS del 2 de junio pasado, se percibe su malestar por no ser entendido. En realidad lo que le sucede tiene mucho que ver con lo que él reclama como derecho para los inmigrantes y gitanos. Me refiero a la ignorancia.

El consejero ignora que la LOCE fue una ley aprobada en un entorno de insoportable soledad parlamentaria y social. Ignora también Luis Peral que la ley destruye consensos básicos como el relativo a las redes sostenidas con fondos públicos, trabajosamente conseguidos en la década de los noventa. Ignora que su ley desarbola la etapa educativa de Educación Infantil. Que la LOCE trata de impedir que los hijos de los menos favorecidos accedan a la Universidad. Ignora, en fin, que su defensa del carácter formativo de los itinerarios de la ESO ha quedado ridiculizada ante la "coloquial" descripción que de sus verdaderos objetivos segregadores ha hecho su viceconsejera en la revista Magisterio Español.

El consejero no entiende tampoco por qué tras seis meses de Gobierno Aguirre tiene a la Universidad en permanente estado de conflictividad. Por qué cuatro sindicatos de la enseñanza le convocan huelgas en la red no universitaria. Por qué se produce una gran manifestación el 1 de junio donde se pide, además de un apoyo claro a la enseñanza pública, su cese y el de su vicenconsejera.

Tal vez si se esforzara algo más, descubriría que estar solo frente a toda la comunidad educativa tiene mucho que ver con sus presupuestos para 2004, insuficientes y desequilibrados. En efecto, ni resuelven los déficit de la red pública ni solucionan la gratuidad de los centros concertados, con miles de familias pagando cuotas ilegales. Que tal vez tenga que ver con que más del 80% del alumnado inmigrante recae sobre la red pública. Que tal vez tenga que ver con la falta de diálogo y consideración con los directores de institutos de la Comunidad. Que tal vez tenga que ver con las ridículas partidas destinadas a inversiones, cuando se necesitan con urgencia 42 colegios y más de 100 escuelas infantiles, además de fondos para dignificar y reformar decenas de edificios escolares con claros síntomas de abandono.

Precisamente a tratar de paliar esta lamentable falta de plazas escolares, a incrementar las partidas para gastos de funcionamiento de los centros públicos y a responder a las necesidades de las universidades públicas iban destinadas las enmiendas presupuestarias del Grupo Socialista y no a expulsar a nadie de ningún centro concertado como de manera ignorante o malintencionada proclama el señor Peral en su carta.