Un juez afirma que Barcelona Activa hizo contratos ilegales para recibir subvenciones

El Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona ha condenado a la empresa municipal de promoción económica Barcelona Activa a readmitir a 11 trabajadores despedidos que habían estado empleados entre seis y ocho años con contratos temporales de obra o servicio. Asimismo ha puesto de manifiesto que hace contratos fraudulentos habitualmente para beneficiarse de las subvenciones de la Generalitat.

Según el abogado del Colectivo Ronda, José Luis Condado, "la empresa se ha estado beneficiando de las subvenciones de la Generalitat, que representaban el 80% de los costes laborales de los trabajadores, y convertía en temporales unas tareas que en realidad eran permanentes". Entre los despedidos que presentaron la demanda hay una embarazada, cuatro miembros del comité de empresa y un delegado de la sección sindical de UGT. En total, fueron despedidos 19 trabajadores de los 73 que formaban la plantilla en aquel momento.

En 2001 la empresa fue condenada por contratación fraudulenta y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció el carácter indefinido del contrato del trabajador que había sido despedido, por lo que otros empleados presentaron una demanda para que también se les se reconociesen las características de sus contratos.

La empresa, por su parte, intentó eludir futuras demandas adoptando una nueva estrategia, igualmente fraudulenta, un mes antes de que se acabasen los contratos. Ésta consistía en reconocer el carácter indefinido de los contratos vinculándolos a una subvención pública recibida del Departamento de Trabajo, con lo que a cambio conseguía una fuente de ingresos. De este modo, inmediatamente después de despedir a los trabajadores contrató a otros para que desarrollaran las mismas tareas y se benefició de las subvenciones destinadas a financiar los contratos de su plantilla.

La directora general de Barcelona Activa, Lis Monfort, señaló a Europa Press: "Acataremos la sentencia", pero destacó que "hay una incertidumbre entre la legislación y la sentencia".

Según Monfort, Barcelona Activa contrató a una treintena de personas en el marco de un programa estatal cuyo límite de contratación es de cuatro años. En su opinión, el problema radica en que "la legislación dice que esto es un programa y la sentencia dice que no lo es", por lo que, aseguró, Barcelona Activa no participará más en este programa.