Inmigración y oportunismo

El debate sobre la inmigración tiene el riesgo de ser instrumentalizado por aquellos que ven en la agitación del fenómeno migratorio una oportunidad para encontrar un lugar bajo el sol desde el cual sobrevivir políticamente. Desde hace tiempo existe la sospecha de si determinadas organizaciones y personas sirven a la causa de la regularización o se sirven de ella para desarrollar no sé qué presencia política. Y en esa lógica analizo lo acaecido en la catedral de Barcelona. Hay quien ha criticado estos encierros por carecer de oportunidad. Es difícil determinar cuándo una acción política de estas características es o deja de ser oportuna. Mi crítica no es por falta de oportunidad, sino por el oportunismo que veo en algunos de los dirigentes y las organizaciones que están detrás de esta actuación. Esta afirmación no pretende quitar ni un ápice de razón a la demanda de regularización que decenas de miles de personas están esperando -y a la cual tienen derecho- en nuestro país.

La decisión de impulsar una medida de presión para obtener cualquier objetivo es siempre una decisión política. Y políticamente debe ser analizada. No deberíamos, pues, aceptar lógicas de análisis condicionadas por un sentimiento de solidaridad con aquellas personas sometidas a la situación de irregularidad. Mi visión ante la situación es clara. Mi solidaridad con los afectados por la actitud del Gobierno es total. La indignación con los organismos públicos españoles por la actitud mantenida en esta cuestión es máxima. La exigencia de soluciones inmediatas de regularizaciones generalizadas para los que viven y trabajan entre nosotros es evidente. Dicho esto para que nadie encuentre dudas sobre mi posición, afirmo que los encierros del pasado fin de semana no sólo fueron un error, sino que esconden una gran ligereza. Intuyo que responden a una lógica política -a mi modo de ver perversa y rozando la frontera de lo que es éticamente reprochable- de cuanto peor mejor.

Una pregunta parece obvia ante las noticias que estos días han aparecido en los medios de comunicación: ¿qué decisiones han tomado los líderes de la Asamblea para la Regularización para no abandonar a su suerte a las personas a las que como consecuencia del encierro se les ha abierto expedientes de expulsión? No comparto la decisión de la expulsión que parece que ha tomado la Administración, pero menos aún se puede plantear una acción de protesta de la magnitud de la realizada el sábado pasado y no prever que se podrían producir situaciones como éstas. Aún están demasiado recientes las imágenes de lo acaecido en acciones anteriores (hace dos o tres años) y de cómo se acabó gestionando la situación. Poco sabe la opinión pública hasta qué punto muchas de las personas que participaron en las protestas fueron abandonadas a su suerte por los dirigentes de las movilizaciones. No todas las posiciones políticas son legítimas. El fascismo no lo es. Atención también con actuaciones que se desarrollan tomando la situación de los inmigrantes como salvoconducto para la existencia política.

No es cierto que todo Gobierno sea idéntico al anterior. Es erróneo no esperar que un cambio de Gobierno modifique determinadas actitudes. Esta posición es fuente de frustración. No es verdad que Aznar y Zapatero sean lo mismo; como mucho, se asemejarán en algunas cosas. Es lógico que quien se encuentra -metafóricamente hablando- en la cola para que su presencia en Cataluña sea reconocida no atienda a criterios de cambios de Gobierno. Pero cuando el conflicto se gestiona colectivamente y una asamblea asume la voz de los sin voz, hay que esperar que la lógica se modifique. En ese sentido, es difícil aceptar que cuando aún no se han cumplido los tres meses del nuevo Gobierno, la estrategia de negociación de la Asamblea para la Regularización impulse actuaciones extremas. El encierro de más de un millar de personas sorprende por la contundencia. Una contundencia que podría estar plenamente justificada por la situación que viven miles de personas en Cataluña (entre 250.000 y 300.000 pendientes de regularización), pero que, insisto, es más propia como culminación de una presión que como una acción inicial.

Por último, a pesar de que parece cierto que la violencia explícita fue insignificante, las imágenes del desalojo son difíciles de digerir por muchos motivos. Pero haremos un débil favor al objetivo de la regularización centrando el debate en la orden de desalojo. Los que pueden mostrarse ofendidos por la actuación policial son básicamente los católicos, en la medida en que si la policía violó algo fue precisamente su templo. Lo otro formaba parte de un guión previsible que cualquier persona que se encierra sabe que puede ocurrir. En cualquier caso, hay que centrar el debate en cómo acabamos con la irregularidad. Y es aquí donde el Gobierno debe mover urgentemente ficha y donde la sociedad -organizada o no- debe trabajar para exigir que todos aquellos que ya viven y trabajan en nuestro país lo puedan hacer con derechos y con dignidad, cosas ambas de las que hoy muchos no disponen.

Jordi Sánchez es profesor de Ciencia Política de la UB