El secretario gaditano rechaza que ocultara datos del derrumbe
Ortiz alega que no remitió informes que consideró innecesarios
El secretario del Ayuntamiento de Cádiz, Antonio Ortiz Espinosa, aseguró ayer al juez que el Consistorio no ocultó deliberadamente datos sobre el derrumbe de la antigua academia de artillería, en el que murió el 16 de enero un menor, de 15 años, y otros dos resultaron heridos. Según fuentes del caso, Ortiz, imputado por posible encubrimiento, afirmó que no remitió algunos expedientes porque no los consideró "necesarios".
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, Jorge Israel Bartolomé, tomó declaración durante dos horas al secretario municipal, quien respondió por la documentación enviada por el Consistorio para la instrucción del caso y entre la que no figura un informe de la Policía Local que alertó, siete meses antes del accidente, del "abandono y mala conservación" del complejo. Este atestado informaba de la frecuente presencia de personas en el inmueble.
Tampoco recibió el juez el posterior acuerdo de la Comisión de Gobierno sobre la adopción de "medidas definitivas" para acabar con una "ocupación absolutamente intolerable" y para desalojar las instalaciones en tres meses. En el mismo acuerdo se preveía "la demolición" del centro, "obras de tapiado y cierre de todas las vías de entrada imposibilitando el acceso" y "la entrega inmediata" del solar a Paradores Nacionales para la ampliación del hotel Atlántico.
El secretario municipal, a quien no le acompañó ningún concejal del gobierno local, del PP, se acogió a su derecho de no contestar a las preguntas de la acusación. Sí respondió a los abogados que le representan y al juez. En su declaración, aseguró que "nunca" tuvo la intención de "obstruir" la labor de la justicia y que no envió la documentación ahora requerida porque no le pareció "necesario".
El juez deberá ahora decidir si envía o no el conjunto de las diligencias al Tribunal Supremo, después de que el otro imputado por este caso, el teniente alcalde de Patrimonio, José Blas Fernández, del PP, se haya acogido a su condición de aforado como senador para no tener que declarar sobre un posible homicidio por imprudencia grave.
A la misma hora, en otra parte de la ciudad, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se mostró confiada en la "inocencia" del Ayuntamiento. "Espero que pronto se aclaren las cosas. Tenemos la conciencia muy tranquila", dijo.
Los abogados de la acusación solicitaron al juez que cite a más testigos, entre ellos, a los policías locales que alertaron sobre el mal estado de estos viejos edificios de propiedad municipal.
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