Atenazados entre Bruselas y Seúl

La tormenta que zarandeaba a los astilleros públicos Izar, una de cuyas empresas, La Naval de Sestao, ve también comprometido su futuro, se ha calmado temporalmente. El compromiso dado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero al secretario general de la UGT, Cándido Méndez, de mantener el grueso de Izar, incluido el centro de trabajo de Sestao, ha abierto una puerta al futuro, aunque tenga que pasar por un previsible recorte de actividad y plantillas.

En unos quince días, la comisión interministerial que estudia el asunto comenzará a dar las primeras pautas sobre el porvenir de los astilleos. El Gobierno, según esperan los sindicatos, va a presentar para negociar con ellos una revisión de la capacidad de construcción naval de Izar, con ajustes de plantilla y de algún centro de trabajo, así como un plan para devolver las ayudas públicas que no condicione el proyecto empresarial. Para Manolo Velado, UGT, del comité de empresa de La Naval, "el centro de trabajo de Sestao está asegurado, pero va a haber una reducción de puestos de trabajo y esperamos que, aprovechando esto, un rejuvenecimiento de la plantilla".

El cambio de Gobierno en Madrid ha llegado justo cuando la situación empezaba a ser insostenible en una actividad que se ahoga debido a una pérdida estructural de demanda, a la competencia desleal de Corea del Sur, acusada de construir buques por debajo de su precio de coste, y la fiscalizción por la Unión Europea de las ayudas públicas que se concedieron a Izar por parte del Estados en la última reconversión del sector.

Aunque la situación de cada uno de los astilleros es muy diferente -La Naval se ha quedado sin carga de trabajo y está negociando en estos momentos la construcción de un buque gasero y tres dragas que darían continuidad al empleo hasta 2007-, la exigencia de Bruselas de que se devuelvan, de momento, 308 millones de euros en concepto de ayudas ilegales que recibió Izar en 1999 y 2000, ha puesto al conjunto de la empresa pública contra las cuerdas. El pasado 17 de mayo, cinco días después de conocerse esa noticia, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, informó de la existencia en la Comisión Europea de otros cuatro expedientes sobre las ayudas públicas, que habría que devolver. Su importe superaría los 1.000 millones de euros. Se trata de la última ampliación de la investigación centrada en unos 2.000 millones de euros de ayudas concedidas durante los Gobiernos del PP por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a las empresas públicas que en 2000 se fusionaron en Izar, cuando ya la UE había prohibido la inyección de recursos públicos.

La investigación de Bruselas y el dumping del Seúl al construir buques a precios sin competencia están metiendo mucha presión a un sector público que todavía no ha sido capaz de remontar los números rojos y ponerse en ganancias desde el surgimiento de Izar, fruto de la fusión, en 2000, de las factorías de AESA y los astilleros militares de Bazán.

Izar nació ese año como el décimo constructor del mundo, con 12 centros de producción, una plantilla global de 11.000 trabajadores y la previsión de alcanzar la rentabilidad en tre ejercicios.

El pasado 14 de abril el PSOE paralizó una operación diseñada por el PP para vender activos inmobiliarios de Izar en Sevilla, Puerto Real y Cádiz, para hacer frente a las multas. Solbes ha arrancado además de la Unión Europea la autorización para conceder a Izar "medidas de acompañamiento", es decir, ayudas para proteger el empleo y ha garantizado, que el ritmo de devolución de las ayudas ilegales sea lo suficientemente razonable como para no poner en peligro la viabilidad el grupo.

Más allá del cambio de talante y la consolidación de un canal estable de interlocución con el Gobierno, Velado considera que "hay que ser cauto". Cree que hay centros de trabajo con más problemas que La Naval y es optimista porque en el caso de Sestao, la reducción de plantilla se puede hacer sin traumas. De sus 1.118 empleados, 550 tienen más de 52 años. De ellos, unos 210 tienen entre 55 y 57 años ; y de éstos, 90 superan los 57 años.