Ilegalizar a los legales

Nadie debe llamarse a engaño. No puede haber papeles para todos. Ningún país democrático podría soportar una legalización automática de quienes atraviesan en alud sus fronteras en busca de trabajo. Los ciudadanos extranjeros que fueron desalojados en la noche del sábado de dos iglesias de Barcelona plantean, bajo esta consigna, reivindicaciones maximalistas que pueden revolverse contra ellos mismos. No cabe, pues, plantear objeciones de fondo al desalojo, siempre y cuando el Gobierno no considere que se trata de un simple problema de orden público.

Una parte importante de los extranjeros que reivindicaban sus papeles en este país tienen legítimas razones para hacerlo, aunque no sea defendible el lema de papeles para todos. Según las informaciones que viene publicando este periódico, en los últimos meses se han acumulado 375.000 expedientes administrativos de inmigrantes en demanda de permisos de residencia. Más de la mitad (cerca de 200.000) corresponden a extranjeros que tenían sus papeles en regla y que se han convertido en irregulares por desidia de la Administración, que fue incapaz de resolver sus expedientes antes de la extinción de sus permisos de residencia. En algunos casos está citando estos mismos días a trabajadores para despachar sus papeles en una fecha tan lejana como noviembre, cuando a muchos de ellos les habrán caducado sus documentos.

Aceptado el criterio de que no puede haber papeles para todos, la Administración pública tiene que asumir igualmente que no puede establecer trámites burocráticos que no es capaz de atender en tiempo y forma, con la consiguiente inseguridad jurídica para miles de inmigrantes que se ven abocados a situaciones de ilegalidad.

Los responsables de este formidable desaguisado burocrático están en el anterior Gobierno. Pero el actual debe intervenir con prontitud y eficacia para recuperar el retraso e impedir que los encierros se conviertan en la chispa de un conflicto de mayores dimensiones. Una parte del esfuerzo pasa, naturalmente, por legalizar a los trabajadores que estaban en situación regular. Si no se repara esta injusticia, será fácil que prendan iniciativas como las de los recluidos en una de las iglesias de Barcelona, liderados por una autodenominada Asamblea por la Regularización sin Condiciones, que actúa al margen de los sindicatos mayoritarios y que no atiende a otro lema que el de "papeles para todos". No deja de ser sospechoso que algo así se produzca justo cuando se anuncian medidas de progreso para un colectivo cuya fuerza de trabajo este país necesita.