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Aguirre destinará al patrimonio cultural el 1% del coste de las obras públicas

El Ejecutivo quiere recaudar 12 millones

El Gobierno de Esperanza Aguirre quiere inyectar dinero en el patrimonio cultural de la región. Por eso, mediante la aplicación de la Ley 10/1998 de Patrimonio Histórico, dedicará en 2005, por primera vez, el 1% de lo invertido en obras públicas por la Comunidad en el mantenimiento y protección de los bienes culturales. Esta cantidad, que puede superar los 12 millones, procederá principalmente de la Consejería de Transportes, aunque fuentes del Ejecutivo regional manifestaron ayer que intentarán que aporten también un 1% diversos organismos autónomos, como el Canal.

En 1998, el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón redactó una nueva Ley de Patrimonio Histórico que incluía, en su artículo 50, que se destinase "al menos un 1% de su aportación a las obras públicas" a "la investigación, documentación, conservación, recuperación, restauración y actuaciones urgentes del Patrimonio Histórico" regional.

Además, la ley obligaba a los organismos autónomos, sociedades públicas y particulares que "construyan o exploten" obras para la Comunidad de Madrid a destinar también el citado 1% de estos trabajos a la protección cultural. Pero este porcentaje, según fuentes del Gobierno de Esperanza Aguirre, nunca ha sido aplicado en Madrid por parte de la Comunidad. "En cambio, el Gobierno central sí destinaba este tanto por ciento de sus obras públicas a la protección del patrimonio regional", señalan fuentes del Ejecutivo de Aguirre.

Cuatro proyectos

Por ejemplo, el Ministerio de Fomento tiene previsto este año financiar, con el 1% de las obras públicas que promueve, 42 proyectos en toda España, cuatro de los cuales serán realizados en Madrid: la recuperación de una manzana en Alcalá de Henares (4,3 millones), la restauración de la fachada de la Academia de la Historia (1,8 millones), el plan director del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (150.000 euros), y la construcción de la Escuela de Música Reina Sofía (1,4 millones). "La ejecución de las obras", señalan fuentes ministeriales, "la puede realizar la institución que recibe los fondos o el propio Ministerio de Fomento. Todas las actuaciones, además, se llevan a cabo previo acuerdo con la institución u organismo que va a colaborar con las labores de restauración".

"Algo así queremos hacer", manifestaron ayer fuentes del Ejecutivo regional, que anunciaron que la mayor parte del dinero invertido procederá de la Consejería de Transportes, que este año cuenta con un presupuesto para las obras en metro y carreteras de 1.238 millones de euros. Esto significaría que este año, si se hubiese cumplido la ley, el patrimonio regional recibiría más de 12 millones de euros, sólo desde la Consejería de Transportes.

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José Antonio Díaz, responsable de Cultura del grupo parlamentario socialista, asegura que nunca ha conseguido una respuesta clara del Gobierno regional sobre este incumplimiento legal. "La respuesta a por qué el Gobierno no destina el 1% cultural al patrimonio es que no hay respuesta. Lo hemos preguntado en multitud de ocasiones y nunca hemos conseguido que nos respondan", señala el parlamentario socialista.

Millones de euros perdidos

Díaz desconoce con exactitud el montante de las obras públicas regionales. "Pero estamos hablando de millones de euros perdidos para la cultura. Es algo inconcebible", asevera.

Los responsables de la Consejería de Cultura, que encabeza Santiago Fisas, tampoco han hecho aún los cálculos sobre el montante final que se destinará a la mejora de patrimonio en Madrid, pero no esconden que sus intenciones son que "todas las consejerías y empresas que trabajan para el Gobierno en obras públicas aporten este porcentaje". Sólo hacen una excepción de entrada: la Consejería de Sanidad. "Sería difícil explicar que se destinase una parte de la financiación de la sanidad pública al patrimonio". Y no ocultan que entre esas empresas que pueden participar en la financiación de los proyectos culturales están las empresas privadas que opten a los concursos de construcción de las nuevas líneas de metro y de tren ligero y el Canal de Isabel II, que en 2003, por ejemplo, invirtió en obras 185 millones de euros.

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