300.000 presos se hacinan en Brasil

La matanza de más de 30 presos en la cárcel de Benfica (Río de Janeiro) ha mostrado, una vez más, la ley de la selva que impera en las prisiones brasileñas. El miedo a un nuevo estallido violento planea ahora en el penal de Bangu 3 (Río), que alberga una de las mayores concentraciones de presos de bandas de narcotraficantes rivales. Puede ocurrir en cualquier cárcel. El año pasado, 303 presos fueron asesinados por otros reclusos en distintos recintos y se produjeron más de 4.000 fugas, según datos de una exhaustiva investigación sobre la situación en las prisiones brasileñas que saldrá a la luz en los próximos días.

"Superpoblación. Violencia. Corrupción. Condiciones carcelarias absolutamente inhumanas y degradantes. Hombres y mujeres tratados como animales. El sistema penitenciario de Brasil vive una crisis profunda", son algunas de las conclusiones de la socióloga Julita Lembruger, después de recorrer durante seis meses las prisiones de diversos Estados de Brasil para un trabajo financiado por la Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Justicia. Julita Lembruger dirige el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cándido Mendes de Río de Janeiro y fue la responsable del Sistema Penitenciario del Estado de Río de Janeiro durante cuatro años.

En lugar de una línea de combate al crimen se ha creado una línea de montaje del crimen

Las cifras sobre la situación en las cárceles requieren pocos comentarios. En los últimos nueve años, el número de presos se ha duplicado. De 148.760 reclusos en 1995 se ha pasado a 308.000 en 2004. La superpoblación en las prisiones, que en muchos casos significa hacinamiento, es la causa de muchos de los males que aquejan al sistema penitenciario de Brasil. Ante las embestidas de la delincuencia, la sociedad y los medios de comunicación reclaman leyes más duras. "Hay que explicar a la población el coste-beneficio de las penas de prisión. La cárcel es muy cara y empeora a la gente. Hay que reservarla para los criminales peligrosos", replica Julita Lembruger, que arremete contra un sistema que califica de hipócrita: "Quieren hacernos creer que estamos más seguros porque las cárceles están llenas. Pero en Río de Janeiro, por ejemplo, la policía sólo esclarece el 4% de los homicidios. En otras palabras, de cada 100 homicidios, 96 permanecen impunes".

Faltan centros penitenciarios en condiciones. El 36% de los presos con condena firme se hacinan en recintos policiales, en condiciones que vulneran la legislación brasileña e internacional. La atención médica tiene graves deficiencias. Un número significativo de presos padece enfermedades graves. El sida sigue siendo la que mayor incidencia tiene en las cárceles, ya que un 1% de todo el universo carcelario -2.000 presos- es portador del virus VIH. Teniendo en cuenta que, de acuerdo a la recomendación de la OMS, está prohibida la revisión obligatoria, cabe suponer que la cifra real es más elevada.

Con estos datos en la mano, el ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, explica gráficamente que en lugar de una línea de combate a la criminalidad, en Brasil se ha creado una línea de montaje de la criminalidad: "Comienza en las guarderías, continúa con la policía, la lentitud del poder judicial y llega al sistema penitenciario. Un niño de 12 años de una favela que ha cometido un pequeño robo ingresa en uno de estos organismos, allí tiene una escuela del crimen, después pasa por la experiencia de los distintos cuerpos policiales (federal, civil o militar), cae en manos del poder judicial y finalmente acaba en la cárcel. Este muchacho que entró por una falta leve, sale graduado en criminalidad, secuestro, homicidio y extorsión. Hay que desmontar este sistema que impera en Brasil y buscar otro".

La investigación de la doctora Lembruger llama la atención sobre la corrupción que impregna el área de la seguridad pública de Brasil, que incluye a policías y funcionarios penitenciarios, y el poder judicial. "Todo se compra en la cárcel. Desde la libertad, gracias a una fuga, hasta armas, teléfonos móviles y drogas, a través de los guardias, que venden de todo. Hasta las visitas no autorizadas tienen precio. Los funcionarios venden visitas íntimas no autorizadas". Los controles internos no funcionan, pese a que en muchos Estados, las prisiones cuentan con equipos detectores de metales y de rayos X para impedir la entrada de armas y teléfonos móviles.

La combinación de la corrupción con la negligencia explica lo ocurrido hace una semana en la cárcel de Benfica, inaugurada recientemente; todo empezó con una fuga frustrada parcialmente. La vigilancia interior, la seguridad exterior, la fragilidad del recinto -los presos consiguieron quebrar sin dificultad las paredes-. Todo falló en un recinto, cuyo jefe de seguridad fue destituido dos semanas antes de la rebelión por denuncias de golpear a los presos.