La cárcel para los más peligrosos

El sistema penitenciario brasileño es competencia de cada Estado, pero el Gobierno federal, a través del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, tiene la responsabilidad de orientar la política penitenciaria. Las cárceles son administradas por los Estados porque no existe en Brasil una sola prisión federal, a pesar de que desde hace 30 años todos los Gobiernos prometieron su construcción.

El Departamento Penitenciario Nacional (Depen), que ha sufrido una profunda remodelación con el Gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, presenta como prioridades para este año la aplicación de penas alternativas, la construcción de cárceles federales, la formación de funcionarios penitenciarios y la inversión en servicios de información penitenciarios. El Ministerio de Justicia considera que las penas alternativas son una solución para reducir la superpoblación penitenciaria, evitar la reincidencia, impedir el ingreso en prisión de las personas que cometieron delitos leves y reservar las cárceles para los presos más peligrosos y violentos.

De los 308.000 reclusos, el 20% (60.000) podrían cumplir la condena con la prestación de un servicio a la comunidad, trabajando, por ejemplo, en un hospital. Actualmente, unas 30.000 personas cumplen penas alternativas en Brasil, una cifra que representa el 10% de la población carcelaria. En el Reino Unido, el porcentaje llega al 80% de los condenados.

Según diversos especialistas, las posibilidades de recuperación de quien cometió un delito considerado leve son muy superiores cuando el condenado no cumple la pena en régimen cerrado. Asimismo, las posibilidades de reincidencia son menores. Una encuesta realizada en el distrito federal de Brasilia indica que menos del 5% de quienes cumplieron penas alternativas volvieron a delinquir. En el aspecto económico, un preso en régimen cerrado cuesta al Estado 800 reales (266 dólares) al mes, mientras que el coste de una alternativa no supera los 70 reales (23 dólares).Un aspecto muy controvertido del sistema penitenciario brasileño es la separación de los presos que practican las autoridades en el 72% de los Estados, según la facción o grupo criminal con la que se identifican. Este dato muestra cuán lejos está el Estado de ejercer un control efectivo sobre las prisiones.

El Gobierno de Río de Janeiro ha emprendido el camino opuesto en una estrategia deliberada de colocar juntos a reclusos de bandas criminales rivales. "Es un error garrafal", opina Julita Lembruger. "La tragedia del penal de Benfica es el resultado de esta estrategia", añade. En aquel penal había 800 presos del Comando Vermelho (la primera y mayor de las bandas de traficantes de drogas de Río de Janeiro) y 100 del Tercer Comando (la segunda banda más importante) cuando se produjo la rebelión. Estaban todos juntos, en una relación de ocho a uno. Todos los muertos eran del Tercer Comando.