El PP dejó al nuevo Gobierno 374.749 expedientes de inmigrantes sin resolver

El último Gobierno del PP ha dejado al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero un atasco de 374.749 expedientes de extranjeros pendientes de resolución, según demuestra un rastreo realizado por EL PAÍS en delegaciones del Gobierno de toda España. La mayoría son renovaciones de permisos de residencia y de trabajo de inmigrantes que residían legalmente en España. El retraso les ha convertido en irregulares y ha motivado la negativa de muchos empresarios a prorrogarles los contratos laborales, pues mantenerles el empleo ahora que tienen sus papeles caducados podría ser considerado delito.

Barcelona, con 45.860 expedientes pendientes; Madrid, con 33.670, y Alicante, con 35.621, son las provincias más afectadas por este colapso administrativo.

El desplazamiento a la irregularidad de personas que estaban perfectamente documentadas se ha producido mientras los responsables del PP proclamaban precisamente su compromiso con la inmigración regular y su voluntad de combatir la irregular. Aún hace pocos días, el cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, insistió en ese mensaje en los debates que mantuvo con sus rivales de otras formaciones políticas.

Para la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, "la cifra de expedientes en tramitación habla a las claras de la absoluta falta de atención que ha merecido la política de inmigración durante los últimos años. El Gobierno socialista recibe como herencia un edificio hipotecado: medios cada vez más escasos y un presupuesto comprometido y claramente insuficiente. Éste es el resultado de una gestión que ha eludido poner en marcha los instrumentos necesarios en un país como España, que es destino importante de los flujos migratorios. El Gobierno anterior no nos ha dotado de una Administración suficiente, eficiente y moderna. Y el atasco de 374.749 expedientes es la consecuencia de su ineficacia".

Falta de recursos

Tras una reunión con el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rancel, los secretarios de inmigración de CC OO y UGT han constatado que el colapso afecta, sobre todo, a las renovaciones de los permisos de residencia y de trabajo. También ellos han culpado de la situación, que sólo en Barcelona afecta a 45.860 extranjeros, al anterior Gobierno central, "que durante ocho años no ha dotado a las oficinas de extranjería de recursos suficientes".

A la misma conclusión ha llegado el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé, que se enfrenta a una acumulación de 57.754 expedientes: "El anterior Gobierno del PP no ha ofrecido una respuesta eficaz para resolver los expedientes al tiempo que aumentaba la inmigración. Los hechos han ido muy por delante de la respuesta de la Administración".

El paso a la irregularidad de inmigrantes que tenían su documentación en regla a causa de la ineficacia de la Administración es algo más que una injusticia. El responsable de inmigración de CC OO en Cataluña, Mohamed Chaibi, apuntó que la demora en la resolución de los expedientes supone una pérdida para las arcas del Estado de más de 700.000 euros mensuales, por la falta de cotización de los perjudicados.