España pedirá a Bruselas más tiempo para concretar el cierre de minas

España va a pedir a Bruselas más tiempo para concretar qué minas de carbón deben cerrar y cuáles serán parte de la reserva estratégica autorizada por la UE. En teoría, el Gobierno debe presentar, antes de julio, tres planes relacionados entre sí: el de reservas estratégicas de carbón, el plan de asignación de emisiones contaminantes y el de grandes instalaciones energéticas. Ninguno está cerrado. Sólo en la minería del carbón están en juego 11.430 empleos (4.800 en Hunosa) y 47 empresas. El Plan del Carbón ha costado, entre 1998 y 2003, 12.729 millones de euros.

Es una carrera contra reloj y muy complicada. Tres planes íntimamente relacionados y fundamentales para el sector energético (el de emisiones contaminantes, la reserva estratégica del carbón y el de grandes instalaciones) deberían estar este mismo mes sobre la mesa de la Comisión Europea. Ninguno de los tres está siquiera perfilado. Mucho menos negociado con los sindicatos y con las comunidades autonómas como desea el nuevo ministro de Industria, José Montilla.

Y todo ello mientras Bruselas ha decidido poner la lupa sobre el sector del carbón ya que el Ejecutivo anterior, pese al cambio en la reglamentación de las ayudas de 2002, siguió actuando como si nada sucediera. El resultado: la Administración española debe aclarar los conceptos por los que ha seguido concediendo ayudas (unos 600 millones de euros) a las empresas mineras en 2003 y 2004.

Dada la situación, que sólo en el sector de la minería del carbón afecta a 11.430 empleos (la mitad de ellos en Asturias) y 47 empresas, el nuevo Ejecutivo socialista ha decidido pedir a Bruselas más tiempo para decidir cómo hacer frente a las exigencias que imponen las normas comunitarias. Esta misma semana, el nuevo secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, representará al titular de Industria, José Montilla, en la reunión prevista de los ministros de Energía de la UE. Será una primera toma de contacto y la oportunidad de tantear el ambiente en Bruselas.

Siete comunidades

Con una idea central: la minería del carbón, una actividad económica significativa en siete comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y el Principado de Asturias) requiere ayudas para su funcionamiento ya que el carbón nacional, por sus costes de extracción, no puede competir con el carbón importado. Hasta 2010, la posibilidad de ayudar al sector, a condición de reducir producción y acometer el cierre de explotaciones, está asegurada. Lo que suceda a partir de esa fecha depende de lo que las partes implicadas (Gobierno, sindicatos, comunidades autónomas, empresas energéticas y autoridades de Bruselas) negocien ahora.

La partida que comienza ahora y que, según todas las partes consultadas, hubiera debido comenzar hace meses, se asemeja "a una partida de mus", según la define el portavoz y responsable de la patronal de las empresas mineras Carbunión, José Antonio González". Cada parte intentará convencer a la otra de que tiene las mejores cartas. De momento, sin órdagos. Las cartas de los sindicatos, CC OO y UGT, tienen forma de estadística: el Plan del Carbón 1998-2005, aseguran, ha funcionado bien, hasta tal punto que el Plan preveía que en el año 2005 hubiera en España 17.000 mineros y 2004 acabará con 10.111. Todo ello, recalca Rafael Varea, de CC OO, con una "reducción global" de la producción de carbón del 31,7% entre 1997 y 2003 (de 17,7 millones de toneladas a 12,1 millones).

Coste

El coste de esa reducción de actividad tan notoria como tranquila, según datos del Ministerio de Economía que dirigió hasta abril Rodrigo Rato ha sido de 12.729 millones de euros desde 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2003. Más de dos billones de las antiguas pesetas (ver cuadro). La parte del león se la han llevado las prejubilaciones, a los 52 años oficiales, aunque el cómputo de años trabajados depende de la actividad desarrollada por el trabajador en la mina. El coste de esas prejubilaciones y bajas más de 14.000 en seis años), incluyendo por supuesto a la estatal Hunosa, ha sido de 5.718 millones de euros (3.759,23 pagados y 1.958 comprometidos).

Para ayudas a la producción sólo se ha gastado, en seis años, 3.951 millones de euros. Desde los sindicatos, no obstante, se destaca que buena parte del dinero ha ido a parar, también, a proyectos de infraestructuras, empresariales y de formación que no benefician específicamente a los mineros, sino a comarcas enteras y a la sociedad en su conjunto.

Ni Gobierno, ni sindicatos, ni empresas contestan, ni por aproximación, a la pregunta de cuántas minas sobran. En Carbunión, por ejemplo, se afirma que las minas dependen de los contratos que mantienen con las eléctricas que tienen centrales térmicas. Y no está claro cuántas de esas centrales se mantendrán. La UE exige que España concrete cuántas de esas centrales de carbón se modernizarán para emitir menos gases y cuántas, en caso contrario, se cerrarán en un plazo aproximado de tres años. Las eléctricas, agrupadas en Unesa, han adelantado que están dispuestas a invertir hasta 805 millones para modernizar las térmicas, lo que supondría dar vida a las minas. Pero todo depende de las cuotas que reparta el Gobierno para cumplir con Kioto. Una partida de mus.