Navarra cifra en 661 millones el posible fraude si no varía la ley de vivienda

El consejero navarro de Vivienda, José Andrés Burguete, ha cifrado en 661 millones de euros la bolsa de fraude que se generaría en el mercado si no se aprueba la nueva ley de vivienda que tramita su departamento. El texto ha superado su primer obstáculo parlamentario, la enmienda a la totalidad que presentó IU. La federación apoya muchos de los contenidos de la norma, pero pidió su devolución al entender que no actúa en el mercado de suelo.

El proyecto de ley crea un baremo único y obligatorio de adjudicación de viviendas de protección oficial para todas las promociones y un censo único de solicitantes controlado por la sociedad pública dependiente del Ejecutivo foral Viviendas de Navarra (Vinsa). Los ayuntamientos están obligados a respetar estos parámetros, aunque podrán primar a sus vecinos en la adjudicación de algunas promociones controladas.

Burguete, de CDN, está sacando adelante un proyecto de ley que mantiene un periodo de protección de veinte años, pero anula varios de los supuestos de descalificación anticipada de pisos protegidos que se incluían hasta ahora, entre ellos la posibilidad de vender la vivienda a precio libre si, doce años después de la compra, el adjudicatario devuelve las ayudas públicas recibidas. Ha quedado, además, eliminada la descalificación anticipada por separación del matrimonio o por un traslado laboral. Sólo se mantiene como causa justificativa el crecimiento de la unidad familiar. En ese supuesto, el Gobierno foral se impone la obligación de buscar otra vivienda pública para la familia afectada en el más breve plazo posible y el mismo entorno geográfico.

Varios cientos de afectados han formado una plataforma y se han reunido con los partidos para pedir cambios en la norma al estimar que tiene efectos retroactivos y altera los contratos con que compraron sus pisos. Algunos partidos han asumido en forma de enmiendas parciales las reivindicaciones de los propietarios.

Sin embargo, el Gobierno foral no comparte sus postulados. Burguete rechaza que haya retroactividad. "Elimina expectativas y supuestos de descalificación anticipada", subraya y califica de "experiencia errónea" los supuestos de descalificación introducidos para compensar en su día la ampliación de cinco a doce años en la protección.

Tres mil pisos

Según los datos del departamento, entre 2005 y 2007 cumplirán doce años unas 3.000 viviendas de protección oficial construidas en Mendillorri, un inmenso polígono del cinturón de Pamplona promovido por los anteriores gobiernos forales socialistas. Las viviendas costaron unos 50.000 euros por término medio. Si ahora se descalifican y salen a la venta en el mercado libre, se pagarán por ellas entre 210.000 y 240.000 euros. El Ejecutivo rechaza las "inherentes repercusiones negativas" de esa posibilidad y "la consiguiente pérdida de parque de viviendas protegidas construidas con el esfuerzo de toda la sociedad".

Por ello, Burguete recuerda a los propietarios que si quieren vender a los doce años, pueden hacerlo, pero al propio Gobierno y al precio de vivienda protegida actualizado, que supone una revalorización del 40% al 45% sobre el precio inicial. Esas casas serán entonces puestas a disposición de los más de 10.000 demandantes de vivienda protegida en la comunidad foral que carecen de un piso.