El Supremo eleva las penas por el 'caso Intelhorce' y condena a un ex cargo público

El Tribunal Supremo ha elevado las penas a tres de los siete condenados por el caso Intelhorce, entre ellos el principal responsable de la trama, el empresario italiano Giovanni Orefici, de quien se informó que murió en octubre pasado en Kenia. En la revisión de la sentencia que hace tres años dictó la Audiencia Provincial de Málaga, el Supremo condena también a un ex alto cargo de la Administración, José Miguel Moreno García, a nueve años por sendos delitos de cohecho y fraude, y ordena enjuiciar a cuatro imputados por delito fiscal a los que el tribunal malagueño sobreseyó la causa.

En su sentencia, el Tribunal Supremo accede en buena parte a las peticiones de la Fiscalía, que puso recurso de casación contra la sentencia dictada en abril de 2001 por la Audiencia Provincial de Málaga sobre las irregularidades en el proceso de descapitalización de la empresa textil durante la gestión de Orefici. El empresario italiano recibió la empresa del Estado en 1989 completamente saneada más una aportación de casi 5.000 millones de pesetas para que ampliara capital. En apenas dos años, la empresa tuvo que volver bajo la tutela del Estado tras quedar saqueada y descapitalizada.

Orefici fue condenado por la Audiencia de Málaga a 17 años de prisión por delitos continuados de estafa, falsedad y contra la Hacienda Pública. El Supremo ahora ha sumado otros cinco años por un delito de cohecho al considerar que sobornó a un alto cargo de la Administración para conseguir que la empresa le fuera adjudicada en el concurso para privatizarla.

Orefici murió, según informaciones difundidas entonces, el pasado mes de octubre en Kenia. Cuando conoció la sentencia, huyó de España y se refugió en Italia, donde fue localizado y sometido a arresto domiciliario, situación que logró burlar en octubre de 2001.

Precisamente, la principal novedad de la sentencia del Supremo notificada ayer es la condena a nueve años de prisión contra este ex alto cargo de la Administración, José Miguel Moreno García, quien en 1989 ocupaba la presidencia de Improasa, empresa pública a la que la Dirección General del Patrimonio del Estado encomendó la gestión de la privatización de Intelhorce. Moreno quedó absuelto en el juicio celebrado en Málaga, pero el Supremo considera probado que recibió 50 millones de pesetas de Orefici, por lo que le ha condenado a cinco años por "confabulación para defraudar al Estado" y a cuatro años por cohecho, ya que entonces tenía la consideración de funcionario público. Según el Supremo, ambos urdieron una trama para que Orefici fuera adjudicatario de una empresa en la que no tenía otra intención que descapitalizarla.

Ampliaciones

El Supremo amplía también la sentencia para otros dos condenados. A Manuel Alejandro Márquez Espinal, que fue consejero delegado de Seguros y Fianzas, la sociedad que avaló a Orefici para comprar Intelhorce y que fue condenado a cuatro años por delito fiscal, le impone una pena de tres años más por un delito de estafa continuada que la Audiencia de Málaga estimó prescrito. Y a Álvaro García Lavigne, socio de Orefici que pignoró acciones de la fábrica textil, y a quien la Audiencia de Málaga condenó a cuatro años y ocho meses de prisión por simulación de contrato y contra la hacienda, el Supremo amplía la condena a otros dos años de cárcel por un delito de falsedad continuada y multa de 3.000 euros. Según la sentencia del Alto Tribunal, García Lavigne falsificó letras de cambio que giró a Intelhorce sin que respondieran a negocio alguno, con la que además se trataba de "aparentar que la empresa tenía gastos y hacía preciso que el Estado inyectara más dinero para su viabilidad".

Además, el Supremo ordena que se juzgue por delito fiscal a cuatro personas a las que la Audiencia de Málaga sobreseyó su causa por entender prescrito el delito. Se trata de Cristóbal Peñarroya, Wilfredo Charles Pérez, José López García y José Vela Martín, que colaboraron a la descapitalización de la fábrica textil emitiendo facturas supuestamente falsas y simulando operaciones financieras.

El nuevo juicio prolongará una causa que ha sido la más extensa instruida en Málaga y que concluyó con sólo siete condenados de una lista inicial de 39 procesados. El juicio fue también el más largo de la historia: dos años y tres meses.