Un estudio revela que la justicia es más dura con los menores de familia pobre

La justicia es más dura con los menores que proceden de familias pobres que con los que tienen una situación familiar normalizada. Lo dice un estudio publicado ayer por el Instituto Andaluz de Criminología, con sede en Málaga, tras analizar 300 expedientes judiciales a menores de juzgados de Málaga, Granada y Cádiz. El estudio asegura que el 85% de los menores juzgados sufre retraso escolar y que el 49% no estudia ni trabaja.

El estudio compara 300 expedientes enjuiciados bajo la Ley del Menor de 2000, con 240 expedientes enjuiciados con la anterior ley, la ley vigente hasta entonces, de 1992. La primera amplía los delitos cometidos por jóvenes de hasta 17 años, mientras que la anterior terminaba a los 15.

La autora del trabajo, Fátima Pérez, asegura que los jueces "no sólo tienen en cuenta elementos legales" a la hora de imponer un castigo al menor. Los jueces evalúan "las circunstancias personales y sociales de los infractores", según el estudio.

La autora sostiene que el análisis de los los casos en los que se dan las soluciones más leves, como la absolución y al amonestación, y las más graves, como el internamiento revela "que existe una práctica discriminatoria". Y añade: "Los factores que hacen más probable la imposición de una medida de internamiento son aquellos que revelan una situación familiar desfavorecida". Entre estas situaciones que predisponen al internamiento en un centro de menores están la desestructuración familiar, personalidad problemática y escasa vinculación familiar.

Según el informe, "es más probable" que los menores sin problemas en el colegio, con una familia normalizada y sin agobios económicos "sean amonestados o absueltos que sus compañeros con una situación personal y familiar más difícil" .

El fracaso escolar y la falta de una ocupación son dos de los factores "que más inciden en que estos jóvenes opten por la delincuencia", por lo que es necesario "tomar medidas preventivas fuera del ámbito judicial, sobre todo en el tema del fracaso escolar, y ofrecerles vías de formación laboral", explicó Pérez en rueda de prensa.

El estudio señala que los jóvenes que cometen por primera vez una infracción viven mayoritariamente "en una situación social normalizada" mientras que los reincidentes se encuentran en familias con problemas de exclusión.

Por ello, Pérez insistió en que "lo importante es actuar cuando el menor comete su primera falta, y no esperar a que llegue a delitos más importantes" y denunció la "tímida aplicación de los elementos educativos".

El estudio califica como "lamentable" que el 85% de los menores enjuiciados entre 2000 y 2002 sufría retraso escolar. Además, el 49% no realiza ninguna actividad. Estos son aquellos que "se han quedado a la deriva y no se han incorporado a ningún trabajo" al salir del sistema educativo, según Pérez. El estudio concluye que para prevenir la delincuencia juvenil es necesario "tomar medidas preventivas fuera del ámbito judicial, sobre todo en el tema del fracaso escolar, y ofrecer a los menores vías de formación laboral".

El estudio señala que la delincuencia de los menores no es peligrosa, como demuestra que en muy pocos casos se han tenido que tomar medidas cautelares. La nacionalidad de los menores enjuiciados es mayoritariamente española, un 94%, aunque destacó que la presencia de menores extranjeros "se ha triplicado desde 2000 y ha pasado del 2% al 6%".

Más internamiento

Además, el estudio indica que, en lo referente a las medidas impuestas por los jueces, la ley de 2000 ha aumentado el internamiento y la realización de servicios en beneficio de la comunidad, mientras que con la antigua ley predominaban las sentencias de libertad vigilada.

En el estudio, Pérez se refirió también a la actividad de los abogados. De ellos destacó que en un primer momento piden la absolución, sin embargo en la celebración del juicio "cambian su petición en la misma medida que solicita el Ministerio Fiscal". Así, el 84% de los casos acaban con una sentencia de conformidad, en la que el fiscal y el abogado están de acuerdo.