Los servicios sociales serán un derecho universal

Los servicios sociales serán un derecho que tendrán garantizado por ley todos los ciudadanos que los necesiten. Así lo establecerá la nueva Ley de Servicios Sociales que la Generalitat quiere que entre en vigor en 2006. El Gobierno catalán empezó ayer a colocar los cimientos de la nueva normativa con la aprobación del consejo de expertos que elaborará los documentos preparatorios y evaluará su coste económico.

"Queremos dejar a un lado las políticas asistencialistas, discrecionales y a veces arbitrarias que hasta hoy han marcado la prestación de los servicios sociales en Cataluña", aseveró ayer el consejero portavoz del Gobierno, Joaquim Nadal, tras la reunión del Consell Executiu.

La consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó, explicó que en la actualidad los servicios sociales son derechos "debilitados" puesto que el acceso a ellos no es universal, sino que está condicionado por las plazas disponibles o las dotaciones presupuestarias de la Administración, y por el nivel de renta del potencial usuario. "Hay que evitar que estas prestaciones estén reservadas únicamente a los colectivos más marginales y acabar con la paradoja de un sistema que deja fuera a las clases medias, que a pesar de haber estado cotizando durante muchos años a la Seguridad Social no tienen acceso a estas prestaciones porque su nivel de renta no es suficientemente bajo", dijo Simó.

La nueva Ley de Servicios Sociales, que sustituirá a la actual normativa de 1994, definirá una carta de prestaciones (residenciales para ancianos, puestos de trabajo para discapacitados mayores de 16 años, servicios de atención domiciliaria, entre otros) que deberán garantizarse a todos los ciudadanos que cumplan determinados requisitos. Al convertirse estos servicios en un derecho de los ciudadanos, éstos podrán denunciar a la Administración si no pueden acceder a ellos pese a reunir las condiciones que se requieren.

Simó admitió que la nueva ley requerirá "un esfuerzo importante de planificación y provisión de servicios y de financiación". La consejera explicó que el comité de expertos evaluará el coste económico de la medida y agregó que el Departamento de Bienestar y Familia fijará a final de año un plan de inversiones a 12 años vista.

El Consell Executiu aprobó ayer que el comité que sentará las bases del anteproyecto de ley estará formado por los expertos en servicios sociales Antoni Vilà, Júlia Montserrat, Ramon Nicolau, Glòria Rubiol, Sebastià Sarasa y Joan Ramon Marsal. El Departamento de Bienestar y Familia quiere tener un primer borrador de la normativa en noviembre de 2005 para presentarlo en el Parlament y abrir un debate a los grupos políticos, instituciones locales, entidades sociales y proveedores de servicios. "Queremos que la ley surja del máximo consenso posible", dijo Anna Simó, quien citó las normativas sobre servicios sociales de las comunidades de Madrid y Asturias como las más avanzadas de España, ya que elevan estas prestaciones a la categoría de derecho universal.

Un total de 518.235 catalanes recibió asistencia por parte de equipos de atención social en 2002, frente a las 484.821 personas que fueron atendidas el año anterior, informó la Generalitat.