El PP recurrirá ante el Supremo el nuevo calendario de la reforma educativa

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto que aplaza dos años la aplicación de los aspectos más "controvertidos" de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), como la separación de los alumnos en itinerarios en la ESO, la reválida y la religión evaluable. La finalidad del Gobierno es ganar tiempo para retocar la ley. Pero algunas medidas de la LOCE seguirán adelante: las que ya están en vigor (como las recuperaciones de fin de curso y la repetición con más de dos suspensos en la ESO), y las que quiere mantener el Gobierno (como la educación infantil gratuita de 3 a 6 años). El PP anunció ayer que las comunidades en las que gobierna recurrirán el decreto al Tribunal Supremo porque "paraliza una ley orgánica". Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció que permitirá a los centros educativos implantar los itinerarios.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quiso lanzar ayer un mensaje de tranquilidad a las familias, los alumnos y los educadores porque "la LOCE no se deroga, no se paraliza ni se suspende". "Lo que se ha hecho es aprobar un decreto con un nuevo calendario [que aplaza la aplicación de algunas medidas] de acuerdo con la ley que aprobó el PP, que cumplimos". La ley "otorgaba al Gobierno competencias para establecer el calendario y así se ha hecho", recordó Fernández de la Vega.

La vicepresidenta del Gobierno dijo ayer que "en derecho todo es opinable, pero la ley está por encima de todo y tiene una disposición adicional que otorga al Gobierno capacidad para fijar el calendario escolar y eso es exactamente lo que ha hecho: fijar por decreto lo mismo que el anterior Gobierno fijó por decreto". Y advirtió: "El que no lo cumpla se tendrá que atener a las consecuencias. No hay ningún mecanismo para no cumplir la ley". Fernández de la Vega añadió que el Consejo de Estado informó favorablemente el jueves sobre el aplazamiento de parte de esta ley.

Pero las comunidades gobernadas por el PP no van a conformarse con esas explicaciones. Insisten en que se está paralizando una ley orgánica con una norma de rango inferior, el decreto, y piensan recurrir al Tribunal Supremo, según anunció ayer la Coordinadora de Participación y Acción Sectorial del PP, Ana Pastor. El principal partido de la oposición pedirá además al Supremo que suspenda el decreto mientras se dicta una sentencia, "ya que en este tipo de recursos es lo normal", añadió Pastor.

"Atentado, prevaricación"

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, argumentó ayer que "un decreto sólo puede desarrollar una ley, no paralizarla. Hacer eso es una desviación de poder, una prevaricación, un atentado a la democracia. ". Y advirtió que va a "defender la Ley de Calidad hasta el final". Aguirre consideró el decreto aprobado ayer por el Gobierno "nulo de pleno derecho" y afirmó que "invade las competencias educativas de las comunidades autónomas".

Aguirre prometió que "la Comunidad de Madrid aplicará las leyes vigentes, como ha hecho siempre". Pero también anunció que dejará libertad a los institutos para que "el que quiera aplicar lo que ya estaba previsto en los itinerarios pueda hacerlo". "Como ya no es obligatorio que se pongan en marcha el próximo curso, yo no voy a imponerlos", dijo. "La Comunidad de Madrid es autónoma y competente en materia de Educación, y yo quiero hacer lo que no pude hacer cuando fui ministra de Educación: mejorar la calidad de la enseñanza", concluyó la presidenta.

El consejero de Educación de la Generalitat valenciana, Esteban González Pons, también se refirió al recurso que interpondrán ante el Supremo: "[En el PP] siempre cumplimos la legalidad vigente en cada momento". Desde esa Consejería de Educación admiten que "no se aplicará el sistema LOCE" y aseguran que, "evidentemente no habrá cambios en los contenidos de primaria, ni entrarán en vigor los nuevos itinerarios, ni las nuevas modalidades de Bachillerato".

Así pues, esta comunidad acudirá al Supremo pero acatará la ley. Todos los partidos políticos de la oposición, sindicatos, y juntas de personal docente y de directores de primaria y secundaria acusaron ayer al consejero González Pons de crear "confusión" de manera premeditada.

La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, declaró ayer en Bruselas, donde asistía a su primer Consejo de Ministros, que el Gobierno había sido "escrupuloso" al decidir qué aspectos de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación se paralizarían y de nuevo se refirió a la apertura, a partir de ahora, de un debate "sosegado y tranquilo", informa Efe.

Los sindicatos mayoritarios de la enseñanza saludaron el decreto aprobado ayer así como la confederación laica de padres de alumnos y el Sindicato de Estudiantes. Las críticas llegaron por parte de la patronal de centros privados y concertados, los titulares de los centros religiosos y algunos sindicatos como Anpe o USO.

Esta información ha sido elaborada por Neus Caballer, Jesús Duva, Carmen Morán y Susana Pérez de Pablos.