El Gobierno desclasificará los informes del CNI si no afectan a la seguridad

El Gobierno desclasificará los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) referentes a los atentados del 11 de marzo, y que numerosos grupos parlamentarios reclaman para la comisión de investigación creada en el Congreso, si no afectan a la seguridad del Estado. Así lo manifestó ayer, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega. Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno se muestran proclives a la desclasificación, aunque con distintos matices. CiU es la formación que se muestra más prudente sobre este asunto.

La vicepresidenta primera, que ayer protagonizó el hito histórico de ser la primera mujer que preside en España un Consejo de Ministros -el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra de viaje oficial en México- corrigió las declaraciones hechas el martes por el ministro de Defensa, José Bono, en las que se opuso a la desclasificación de los informes del CNI sobre los atentados del terrorismo islamista perpetrados el pasado 11 de marzo. Bono había dicho que "el ministro de Defensa no es el ministro de las desclasificaciones", y añadió: "Al ministro de Defensa le corresponde la dirección de un ministerio en el que está el CNI, cuyos documentos, por principio, están clasificados".

A tan rotunda afirmación, respondió, primero, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, que acompañó ayer a la vicepresidenta primera en la rueda de prensa posterior al Consejo: "La desclasificación de documentos del CNI es una competencia del Gobierno, no de un ministro u otro". Y cedió la palabra a Fernández de la Vega, quien aclaró que, ante la investigación parlamentaria que se ha abierto en el Congreso, la posición del Gobierno es "favorecer, facilitar la transparencia de información, el apoyo a las víctimas y la prevención" de posibles atentados.

La vicepresidenta primera precisó que las peticiones de desclasificación que procedan del Parlamento las estudiará "detalladamente" y "caso por caso" el Consejo de Ministros. "Si hay alguna petición, el Consejo de Ministros la valorará, la estudiará y, sobre todo, en el caso de la desclasificación, con el límite que impone la seguridad", dijo. "Habrá que analizar en cada caso si los motivos de seguridad persisten o no persisten; si persisten, no se podrá hacer y si no persisten, se podrá hacer", agregó.

Fuentes gubernamentales añadieron que la posición del Ejecutivo y del PSOE en el Parlamento es "facilitar que se despejen todas las dudas sobre lo sucedido en torno al 11-M y facilitar el trabajo de la investigación". Y resultaba necesario, agregaron, "precisar las declaraciones del ministro de Defensa".

Tras esas afirmaciones de Bono, los distintos grupos parlamentarios se pronunciaron ayer sobre la posible desclasificación de documentos. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Puigcercós, reclamó que, si hay documentos que no se pueden desclasificar, "se lleven a la Comisión de Secretos Oficiales".

Emilio Olabarria, que representará al grupo del PNV en la comisión, declaró que, como principio, se opondrá "a que no se desclasifique" y que, si el Gobierno aduce que algún documento puede menoscabar la seguridad del Estado tendrá que razonarlo "de manera convincente y con suficiencia". El PNV aceptará que permanezcan clasificados "documentos que afectan de forma directa y grave a la seguridad del Estado", aunque Olabarria cree que sobre este asunto "no parece que haya demasiados de esa clase".

Convocar a Aznar

La misma postura mantiene el representante del PNV respecto a las comparecencias. Considera normal la posibilidad de que el ex presidente del Gobierno José María Aznar tenga que acudir a la comisión a declarar. "No veo ninguna razón por la que Aznar pueda ostentar ninguna legitimidad distinta a la de cualquier otra persona y, si hay que analizar la posible manipulación informativa por parte del Gobierno, Aznar es, sin duda, una persona muy relevante", precisó.

CiU, por boca de su representante en la comisión del 11-M, Jordi Jané, mostró una postura muy prudente: "Habrá que ver documento por documento; no se puede pedir, de entrada, que se desclasifique todo. En esta cuestión, vamos a estar al lado del Gobierno y si, por razones de seguridad, el Ejecutivo asegura que algo no se puede desclasificar, en principio, nosotros le daremos un voto de confianza".

Jané explicó que existen soluciones para acceder a los documentos clasificados que ya se han utilizado en ocasiones anteriores y que pasan por su exhibición en la Comisión de Secretos Oficiales, o bien por mostrarlos a los comisionados de forma reservada y sin que puedan tomar notas. En opinión de este diputado de CiU, "es difícil discutir con argumentos serios al Gobierno sobre la necesidad de desclasificar un documento que sólo él conoce".

Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Verde, manifestó en Zaragoza, que, "sin la desclasificación de documentos reservados, la comisión sería una pantomima" y que su grupo parlamentario quiere conocer los informes que no pongan en peligro la seguridad del Estado, según Efe.

Por parte del grupo parlamentario del Partido Popular no se quiso formular ninguna opinión sobre las declaraciones de Bono, y fuentes de la dirección de ese grupo aseguraron que el PP "hará sus propias propuestas y mantendrá su propia postura". Eduardo Zaplana, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, declaró que el plazo de dos meses que se ha fijado la comisión "puede ser prorrogable", si resulta necesario, y que no ha hablado con ningún otro grupo sobre qué personas deben ser convocadas para que comparezcan.