Comisión boba
La comisión parlamentaria que investigará el suceso de Atocha empieza el 15 de junio, tiene un plazo de dos meses. Se quería que aclarase si hubo responsabilidad política del gobierno reinante: si hubo negligencia, desinterés o desatención en tomar medidas que hubieran podido evitarlo; si trató deliberadamente de disimular la autoría islamista y atribuirlo a otro terrorismo para influir en el electorado. Como la primera medida que ha tomado ya es la de no convocar al que sería principal responsable, o cabecilla, de esas responsabilidades, José María Aznar, "por respeto a la dignidad del cargo que ocupó", todo se hace vago o inútil. Fue el cargo que ocupó y sus actuaciones personales para que la información se derivara de la realidad los que podrían ser enormemente irregulares y muy responsables. El presidente de la comisión, el diputado de Coalición Canaria -la cual estuvo votando con Aznar durante toda la legislatura anterior-, dice que el anterior presidente "aportaría poca luz".
Puede que este tono que mantiene la comisión, pero que la deja maniatada, haya sido ratificada en la conversación entre Zapatero y Rajoy. El PP estaba haciendo amenazas muy concretas: resucitar los crímenes y torturas del GAL: una idea latente en esa campaña era la de hacer comparecer a Felipe González como jefe del Gobierno en aquel momento y ver si podía acusarle de haber amparado, e incluso instigado, aquellas torturas y crímenes por las que algunos de sus cargos fueron encarcelados y juzgados. Forzar una comparecencia de Zapatero, presidente del Gobierno, le haría sufrir no sólo las preguntas sobre ese mismo tema, sino acusaciones tan graves como las de que el PSOE tenía informaciones previas al atentado y no las comunicó, o si convocó la manifestación de protesta en día de reflexión, violando las leyes electorales. Estaría desplazado del tema de la comisión, que es el 11 de marzo y sus consecuencias, pero eso no importa al PP: arrojaría fango sobre el partido que le ganó. La comisión, que puede haber pactado entre sí su inutilidad, va a comenzar su supuesta investigación después de las elecciones europeas: como si hubiera que negar al votante datos concretos hasta después de que tome sus decisiones electorales. Más hubiera valido que no hubiera tal comisión. Ni Parlamento.
