Gallardón saca por primera vez a subasta pública el suministro de luz

Por primera vez, el suministro de energía para abastecer los 250.000 puntos de alumbrado público de la ciudad, la iluminación de monumentos o la ventilación de túneles -no el suministro a las viviendas- va a adjudicarse por subasta pública, según anunció ayer el primer teniente de alcalde, Manuel Cobo. De esta forma, el Ayuntamiento pretende "abaratar la factura eléctrica", que en el último año ha sido de 14,5 millones de euros.

En la actualidad, el Ayuntamiento está obligado a adjudicar el suministro a la empresa distribuidora -en la práctica, sólo Iberdrola y Unión Fenosa- que opere en la zona donde esté ubicado cada punto de consumo, y cobrando una tarifa que establece el Gobierno central. Pero el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón afirma que la ley de 1997 que liberalizó el sector público le faculta para sacar ese servicio a subasta pública y poder adjudicarlo, así, a la empresa que haga una oferta económica más favorable para el municipio.

En realidad, a varias empresas, porque la subasta estará dividida en ocho lotes que agruparán los puntos de consumo según sus características: mismos niveles de tensión, igual volumen de consumo anual, horario de funcionamiento, etcétera. Manuel Cobo afirmó, tras la reunión de la Junta municipal de Gobierno que dio luz verde al procedimiento de subasta, que con esta fórmula se producirá "un importante ahorro para las arcas públicas en la factura eléctrica", porque las empresas, al tener que competir, bajarán sus precios -no los que cobran a los particulares, sino los que paga el Ayuntamiento por ese consumo colectivo- para poder hacerse con el contrato.

El contrato anual que está en vigor cuesta al Ayuntamiento 14,5 millones de euros. El presupuesto "máximo" que aprobó ayer el Gobierno para la subasta es de 16 millones. "Es más alto porque, de aquí a fin de año, con el desarrollo de los nuevos barrios, la ciudad tendrá 13.500 puntos de luz más de los que tenía cuando se adjudicó ese contrato. Pero esperamos que el procedimiento de subasta rebaje esas previsiones de 16 millones incluso por debajo de los 14 millones que se pagan ahora, y con más puntos de luz que cubrir", explicó más tarde la edil de Medio Ambiente, Paz González.

Tribunal económico

La Junta de Gobierno aprobó también la creación de un organismo público que desapareció hace 19 años: el Tribunal Económico-Administrativo, un órgano "independiente y gratuito" que podrá tramitar los recursos de los madrileños contra el cobro de impuestos o de multas de tráfico. Será un paso previo a la fase contencioso-administrativo, que "muchos ciudadanos rechazan porque es cara, hay que pagar a un abogado y a un procurador, y es más lenta", afirmó Cobo.

El primer teniente de alcalde explicó que, de los 46.000 recursos de este tipo que actualmente presentan los madrileños ante el Ayuntamiento -13.000 en materia tributaria y 33.000 por multas de tráfico-, "el 75% en el primer caso y el 95% en el segundo son desestimados". "Si el contribuyente quiere insistir en su reclamación, sólo le quedaba hasta ahora el camino contencioso-administrativo, que no es gratuito", puntualizó Cobo. "Ahora tendrá la posibilidad de acudir a este nuevo tribunal, sin necesidad de abogado ni procurador".

El órgano, que no entrará en funcionamiento antes del invierno, tendrá tres miembros designados por el gobierno municipal; para "garantizar su independencia", la designación se realizará "entre personas de reconocida competencia técnica".

El vicealcalde subrayó asimismo otro de los acuerdos del gobierno municipal: la creación de cuatro "centros de apoyo a la familia" -"independientemente del modelo que adopten" esas familias-, cuya labor será la de prestar información, orientación y atención psicológica en casos de ruptura, divorcio, conflicto generacional o problemas educativos de los hijos. A ello se destinarán 1,7 millones de euros.

Por último, Cobo anunció que en la antigua zona industrial de Villaverde donde se levantó en su día la empresa Minero Metalúrgica del Estaño -que a finales de los años ochenta fue acusada por los vecinos de producir contaminación por plomo- se construirán 350 viviendas y dos hectáreas de zonas verdes.