Bono, contrario a desclasificar los informes del CNI que avisaban del 11-M

"El ministro de Defensa no es el ministro de las desclasificaciones". Así respondió el pasado martes José Bono, a punto de subir al avión que le llevaría a Trabzon (Turquía), a una pregunta sobre la posible difusión de los documentos secretos sobre el caso Yak-42. Pero la postura de Bono no se limita al accidente del Yakovlev. El ministro es contrario a desclasificar cualquier documento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incluidos los relativos al atentado del 11-M, que el PSOE se mostró dispuesto la semana pasada a reclamar a través de la comisión de investigación del Congreso.

"Al ministro de Defensa", insistió Bono el pasado martes, "le corresponde la dirección de un ministerio en el que está el CNI, cuyos documentos, por principio, están clasificados".

Bono, que ha asumido el control directo del CNI a través de un hombre de su máxima confianza, Alberto Saiz, considera que la difusión de sus informes puede perturbar el funcionamiento del centro de inteligencia y provocar desconfianza en los servicios extranjeros, dificultando su colaboración, según fuentes próximas al ministro.

En esta postura no hace más que seguir los pasos del primer ministro de Defensa del PP, Eduardo Serra, quien en 1996 se opuso a la desclasificación de los llamados papeles del Cesid sobre la guerra sucia, finalmente desclasificados por el Supremo.

Por su parte, Bono es contrario a difundir los informes del CNI sobre las supuestas armas de destrucción masiva de Irak, que el PSOE se comprometió a desclasificar si llegaba al poder; los documentos sobre el Yak-42, que los socialistas prometieron dar a las familias de las víctimas; y los relativos al 11-M.

De estos tres bloques de documentos, el que se plantea de forma más apremiante es el tercero, pues ayer quedó constituida la comisión de investigación en el Congreso. La semana pasada, el PSOE se declaró dispuesto a pedir, en el marco de dicha comisión, los informes del CNI sobre el 11-M y, en particular, el fechado el 27 de octubre de 2003, que advertía de la necesidad de tomarse "en serio" las amenazas del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, de cometer ataques contra España por su implicación en la guerra de Irak.

Fórmulas alternativas

Ayer, fuentes socialistas se mostraron más cautas e indicaron que la petición de informes secretos dependerá de la marcha de los trabajos de la comisión. Su primera reunión se celebrará inmediatamente después de las elecciones del 13 de junio. Será entonces cuando los grupos propongan el plan de trabajo, que incluye el listado de comparecencias y la demanda de documentación.

Las mismas fuentes indicaron que la desclasificación de los informes no es la única fórmula para que el Parlamento tenga acceso a esta información. Se podría llamar a declarar al anterior director del CNI, Jorge Dezcallar, o mostrar los documentos a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, alegan.

Finalmente, el artículo 64 del Reglamento del Congreso prevé que sean "secretos los datos, informes o documentos" entregados a una comisión de investigación "cuando lo disponga una ley"; y que tengan el mismo carácter las comparecencias "sobre materias que hayan sido declaradas reservadas o secretas conforme a la legislación vigente".

El diputado socialista Ángel Martínez Sanjuán, vicepresidente de la comisión, dijo a Efe que ésta debe ser transparente, pero no convertirse "en un desfile de espías".