Clos reclama a Fomento que suspenda el proyecto del AVE en El Prat
Barcelona rechaza el plan y defiende que la línea de alta velocidad llegue al aeropuerto
Barcelona no ha presentado alegaciones al proyecto de conexión ferroviaria entre El Prat y el aeropuerto. Esto no significa que esté de acuerdo con el plan expuesto a información pública. Al contrario, Joan Clos reclama a Fomento que paralice el proyecto, porque no incluye la llegada del AVE al aeropuerto, y lo reforme de modo que el tren de alta velocidad llegue a la zona aeroportuaria. Este plan cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno catalán, Pasqual Maragall, y se oponen a él ICV y el Ayuntamiento de El Prat.
"El Ayuntamiento de Barcelona discrepa de todo el modelo general de accesos ferroviarios al aeropuerto de El Prat que no contemple el paso de la línea de alta velocidad por el propio recinto aeroportuario". Así empiezan las alegaciones entregadas por el municipio barcelonés en el Ministerio de Fomento. El escrito razona que Barcelona ya se opuso a este proyecto en el año 2000, por entender que "la estación intermodal del tren de alta velocidad en conexión con el aeropuerto" debe estar situada "en el mismo recinto aeroportuario" y no en un lugar "externo o distanciado del mismo". Y añade: "En su momento, y de acuerdo con otras instituciones interesadas en este tema, se planteará adecuadamente otra alternativa dentro de un marco global de análisis del sistema de accesos ferroviarios al aeropuerto".
Los servicios municipales barceloneses sostienen que al aeropuerto deben llegar los trenes de Cercanías, tal como está previsto en el plan director, y también el metro, pero que esto tiene que hacerse situando la estación en el aeropuerto y no en el núcleo urbano de El Prat del Llobregat.
La decisión de instalar la estación en El Prat y no en el aeropuerto fue tomada tras largas negociaciones entre Fomento, el Gobierno catalán y los municipios del Baix Llobregat por los que discurría el tren. El Ayuntamiento de Barcelona discrepó siempre de ello, pero aceptó ante la evidencia de que el entonces ministro, Francisco Álvarez-Cascos, no estaba dispuesto a transigir con otra solución y contaba, además, con el apoyo del Gobierno de CiU y del Ayuntamiento de El Prat, que vio en la construcción de la estación en el centro de la población la oportunidad para planificar la ampliación de la localidad y, de hecho, tomó decisiones urbanísticas en consonancia.
El cambio de gobierno en España y Cataluña ha dado nuevas alas al alcalde de Barcelona, Joan Clos, que cuenta con la complicidad de Pasqual Maragall y también de amplios sectores económicos catalanes, entre otros, los empresarios agrupados en la Cámara de Comercio.
Los partidarios de mantener la estación en el centro de El Prat aducen que el subsuelo del aeropuerto, con acuíferos que llegan casi hasta la superficie, presenta serias dificultades de tipo medioambiental. Los técnicos municipales barceloneses se preguntan por qué motivo llevar el AVE es difícil y no lo es llevar los trenes de Cercanías y el metro, que también discurrirían por el subsuelo.
Detrás de cada posición está, además, una de las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno tripartito. ICV se alínea con el alcalde de El Prat, que pertenece a esta formación. El PSC se apiña con Clos y Maragall. Unos y otros aseguran que este asunto no se convertirá en un nuevo Bracons, donde las discrepancias entre ambas formaciones se saldaron con la práctica imposición de las tesis socialistas. En medio, Política Territorial hace juegos malabares, analizando el problema con "criterios técnicos" que sirvan para tomar una decisión correcta, al margen de los intereses legítimos de cada formación.
El Ayuntamiento de El Prat hizo pública una nota, suscrita por todas las fuerzas del consistorio, a favor de la estación ahora prevista. El documento del Ayuntamiento de Barcelona termina reclamando "que se posponga la aprobación" del proyecto actual "hasta disponer de un plan completo", "en el marco de una correcta integración urbana y medioambiental" que debe ser decidida por acuerdo entre "la Generalitat de Catalunya y los municipios".
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