El gobierno de la economía andaluza

El desarrollo económico reciente de Andalucía y su modernización son innegables. Otra cosa es que no queden sombras o lo difícil que resulta determinar con precisión qué parte de esos procesos se ha producido gracias a nuestra capacidad intrínseca de avanzar o solamente en función de impulsos e inercias procedentes de nuestro entorno. Es complicado saberlo, aunque quizá lo más realista sea considerar que se ha producido una mezcla de ambos empujes.

En el campo específico de la economía tampoco es fácil valorar con pleno acierto la naturaleza efectiva de los cambios que se han producido.

No voy a referirme ahora a algunas transformaciones positivas bien evidentes, ni a algunas otras negativas, como sobre todo las que tienen que ver con el empleo y en general con el funcionamiento de los mercados laborales. Ambas se supeditan a factores de carácter estructural sobre los que yo creo que hay que meditar preferentemente.

En este último sentido me parece que la economía andaluza sigue teniendo dos graves problemas, si bien es verdad que en la actualidad no presentan la misma gravedad que hace tan sólo unos pocos años.

El primero es que Andalucía no ha sido capaz de modificar sustancialmente su patrón de especialización productiva. Su actividad sigue siendo básicamente extractiva, demasiado intensiva en el uso de recursos naturales y todavía muy polarizada en una serie de actividades caracterizadas por su escasa aportación absoluta y relativa de valor añadido.

Eso significa ni más ni menos que la andaluza se muestra aún como una economía periférica. Las economías centrales logran atraer hacía ellas los centros de gravedad de los procesos productivos, y son capaces de diversificar su perfil productivo y de crear redes y sinergias que le permiten crecer a base de la competitividad que proporcionan la calidad y la organización. Por el contrario, las economías periféricas son difusas, polarizadas y desarticuladas; más bien son enclaves que verdaderos polos de atracción de los procesos económicos de mayor valor y con más capacidad para crear actividad y empleo. Están obligadas a competir por la empobrecedora vía de los bajos precios.

El segundo gran problema es que Andalucía aún no ha acertado a gobernar su economía en el sentido en que esto puede hacerse hoy día en nuestro mundo. Obviamente, eso tiene en parte que ver con el hecho, quizá insoslayable, de que la globalización liberal implica que los gobiernos dispongan ahora de mucha menor capacidad de maniobra económica. Pero eso es una cosa y otra es renunciar completamente a generar las necesarias contratendencias que permitan que Andalucía se haga un sito algo más privilegiado en su entorno.

Abordar estos dos problemas no es asunto baladí, sino algo que necesita estrategias complejas y firmes. Me referiré solamente a tres prerrequisitos que considero esenciales.

El primero, evitar el coyunturalismo que lleva a centrar compulsivamente la atención en cuestiones que no son las más importantes para nuestra transformación económica.

El segundo, lograr que la Administración pública autonómica se convierta en un imprescindible factor de impulso y regeneración que acelere los cambios en lugar de frenarlos al actuar como un lastre pesado, como una rémora de las decisiones políticas.

El tercero, disponer de un verdadero espacio de coordinación de la política socioeconómica. La gestión económica gubernamental no puede reducirse a garantizar la disciplina presupuestaria, ni preocuparse más por el gasto que se realiza que por el que se deja de hacer para que la sociedad se transforme. Debe impulsar, guiar, integrar y reforzar la acción de los demás ejes de la decisión política en los campos de la actividad socioeconómica.

Nuestra comunidad se juega mucho en esta legislatura porque el entorno económico va a ser mucho más competitivo y difícil. Nuestra economía no puede quedar al socaire de los vientos de la globalización, necesita contrapesos. Para ello es más preciso que nunca su buen gobierno, es decir, coordinación, capacidad de generar horizontes, inteligencia para crear su propio modelo, y referencias y marcos de comportamiento adecuados para todos los agentes sociales.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga.