Soldados inmunes

El escándalo que conmueve al mundo entero por las torturas y malos tratos a los presos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib convierte en inmoral la petición por la Administración de Bush de una prórroga de la inmunidad legal internacional de sus soldados en Irak. Esta posición no es nueva. El Consejo de Seguridad ya le otorgó esta ventaja en 2002 y 2003. Pero el contexto ha cambiado y la petición estadounidense se convierte en un desafío a la razón de ser de la recién constituida Corte Penal Internacional (CPI): poner fin a la impunidad de crímenes de guerra y contra la humanidad, categorías en las que entra lo ocurrido entre los muros del penal de la vergüenza.

Ni EE UU ni Irak son parte de la CPI, un tribunal que sólo intervendría en caso de que los países en cuestión no fueran capaces de juzgar en sus propios sistemas judiciales estos crímenes, algo para lo que la justicia estadounidense está perfectamente capacitada. Pero

EE UU quiere una garantía total, que ya logró con la exención, conseguida en las resoluciones 1.422 y 1.487. Estas resoluciones, posteriormente prorrogadas, ponen a salvo a los "funcionarios y personal" -lo que en principio no cubre a los civiles contratados en esta privatización de las guerras- de un Estado que no forma parte de la CPI y que contribuye a operaciones "establecidas o autorizadas" por la ONU.

Justamente, la nueva fase en la que EE UU quiere entrar, con la nueva resolución que está propiciando, supondría tras el 30 de junio el cambio de la calificación de las fuerzas allí desplegadas de ocupantes a invitadas. Y su presencia quedaría bendecida por el eventual Gobierno provisional que se ponga en pie y por la ONU, aunque sea por un año, que también resultaría prorrogable.

Bastarían siete abstenciones de los 15 Estados sentados en el Consejo de Seguridad para bloquear esta prórroga. No es probable que se reúna tal cifra. Pero en 2003, Francia, Alemania y Siria se abstuvieron. La España de Aznar y el Reino Unido de Blair -ambos supuestamente ardientes defensores de la CPI- votaron a favor. ¿Cambiará sus instrucciones a su nuevo embajador en el Consejo de Seguridad el Gobierno de Zapatero? Debería hacerlo.